Tensa Córdoba por una crisis institucional de alto riesgo

Vocero del gobierno acusó a Luis Juez de provocar «un golpe de Estado». Fue en respuesta a la amenaza de éste: «Ninguno de los hombres elegidos (intendentes y diputados provinciales) asumirá en diciembre si no abren todas las urnas para revisar el escrutinio». Quiere ver voto a voto; la otra parte sólo concede el conteo de telegramas, como es de práctica. La disputa política complica a la provincia, donde hasta los restoranes han cerrado. Se habla de un largo y dificultoso proceso; se temen desórdenes. Hasta José Manuel de la Sota llamó a la paz social y pidió un recuento rápido y transparente. Se prescinde, no tanto como el gobierno nacional que, como es habitual, guardó silencio. Y no sólo porque unos estaban con Schiaretti y unos pocos con Juez.

Cientos de seguidores del juecismo se amontonaron ayer frente a los tribunales cordobeses para reclamar un nuevo recuento de votos.

Córdoba (especial) - En el marco de una preocupante escalada de tensión y el temor a que estallen incidentes, los polémicos comicios cordobeses -donde el candidato oficialista Juan Schiaretti se impuso por sólo 1,1%, y el perdidoso opositor Luis Juez denuncia un supuesto fraude- derivaron ayer en un nuevo cruce de duras acusaciones -se habló incluso de un intento de golpe de Estado por parte del intendente capitalino- y en fuertes apelaciones con un común denominador: la advertencia de que está en serio riesgo la paz social en la provincia.

Ante la gravedad del escenario institucional, y en un intento de apaciguar los ánimos, el gobernador José Manuel de la Sota rompió ayer el silencio para reclamar por cadena provincial -en un mensaje televisivo- un «pronto escrutinio definitivo» -que arrancará hoy-, que ponga fin a «la incitación a la violencia, las agresiones y la alteración a la paz social». «Así lo pido por nuestras instituciones», sostuvo, además de bregar por un « escrutinio incuestionable», en el que estén presentes «los partidos y los medios de comunicación», que sea «aceptado por todos». Sin embargo, el mandatario justicialista esquivó dar precisiones sobre el modo en que debería realizarse el conteo (el juecismo pide un «voto a voto»). Más tarde, De la Sota pidió a la Justicia que «no se deje atropellar». «No queremos que haya ninguna pretendida pueblada que condicione el accionar de nuestros jueces», exhortó.

Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia, en una acordada emitida ayer, llamó «a los dirigentes de los partidos políticos que han objetado la elección a comprometer sus esfuerzos para preservar la paz social». «Todos los conflictos deben ser solucionados por vías pacíficas y en el marco de la ley», instaron, además de reclamar que sean evitadas «todas las situaciones que alteren la paz social y que sean susceptibles de afectar la independencia del Tribunal que debe resolverlas».

Molestó a los ministros la movilización ayer de 2.500 juecistas hacia la Corte local (en el marco de un virtual asueto municipal), a la que vieron como un factor de presión impropia de un escenario democrático. Por eso, advirtieron que, de repetirse, se actuará con la severidad de la ley.

La Iglesia, por su parte, al menos ayer optó por el silencio frente a la crítica postal local.

La historia argentina recuerda un antecedente similar en Santa Fe. En 1995, una pelea por la escasa diferencia en materia de votos entre los lemas que llevaban a Jorge Obeid y a Héctor Cavallero se extendió hasta un mes después del comicio. El por entonces presidente Carlos Menem respaldaba a Cavallero, mientras que el candidato de Carlos Reutemann (gobernaba la provincia) era Obeid. Incluso hasta De la Sota recordó ayer al ex corredor de Fórmula 1, cuando también debió salir a bregar por la paz social.

Volviendo a Córdoba, por la mañana el secretario de Información Pública, Marcelo Falo, aseguró que Juez, «con una falsa maniobra de fraude, ha generado zozobra en la sociedad», y consideró que esa acción es « antidemocrática» y «puede generar un golpe de Estado» en la provincia. «Las cosas deben discutirse en el seno de la Justicia Electoral y no salir con un megáfono en la mano a hacer esa puesta en escena de denunciar supuesto fraude», sentenció.

Por la noche, el propio Schiaretti se encargó de sugerir que Juez busca «anular la elección» y «propiciar un golpe de estado». «Como aprendiz de Nerón, está queriendo prenderle fuego a la ciudad y dividir la provincia», agregó, además de advertir que «lo que ganamos en las urnas no me lo voy a dejar ganar en la calle», y de pedirle a Juez «que deje de incitar a la rebelión popular».

El verborrágico intendente también aportó riesgosamente más leña al fuego, al sostener que la situación en la provincia puede derivar en un «caos institucional de proporciones» y que no puede «garantizar la paz social».

«En Córdoba el ambiente se corta con una Gillette», graficó además, luego de que sus apoderados concretaran una presentación ante la Justicia Electoral, donde impugnaron el escrutinio provisorio y exigieron la apertura de todas las urnas, con amenaza incluida (ver aparte).

Precisamente, ayer se temieron incidentes, luego de que peligrosamente se programaran para la misma hora dos movilizaciones, una a favor de Juez y otra en apoyo a Schiaretti.

La primera, a pedido del propio Juez, fue cancelada para hoy, justamente para espantar la posibilidad de disturbios. Para las 18.30, en este sentido, prometen una marcha masiva -dicen que reclutarán cerca de 40 mil personas-, que desembocará en el Correo Argentino, donde los juecistas creen que se consumó el supuesto fraude electoral.

En las horas previas, el jefe de campaña de Schiaretti, Carlos Caserio, había advertido que «no hay ninguna elección que justifique un cordobés lastimado», además de cuestionar a Juez por «estar movilizando a los trabajadores municipales».

Ante ese corrimiento, coparon la escena ayer los militantes de Unión por Córdoba, que brindaron anoche un fuerte respaldo a Schiaretti frente a la Casa de las Tejas, con la presencia de intendentes oficialistas del interior, autoconvocados para la ocasión, y del propio De la Sota.

En este delicado marco, se mantuvo el silencio de la Casa Rosada frente a este escenario. En rigor, sólo se filtró la voz del vicejefe de Gabinete nacional, el socialista Jorge Rivas, quien respaldó el pedido de recuento de votos planteado por Juez porque, «más allá del resultado, dará legitimidad» a la compulsa.

«Lo que demanda Juez es justo y es bueno para todos, independientemente del resultado real» porque «despejará el manto de sospecha», dijo el segundo de Alberto Fernández.

«Hay que ver cómo manejará la Justicia de Córdoba» esa demanda, agregó Rivas, y sugestivamente remarcó que «hay instancias judiciales superiores que garantizan neutralidad para el tratamiento del tema».

Interna

Las declaraciones de Rivas reflotaron ayer la interna que en el gabinete nacional enfrenta al jefe de Gabinete con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En el capítulo cordobés, mientras De Vido apoyó a Schiaretti, el sector de Fernández puso sus fichas en Juez.

El posicionamiento público de Rivas fue asumido ayer también por la legisladora electa porteña, Gabriela Cerruti, y el titular del Frente Grande, Eduardo Sigal.

Incluso Cerruti adelantó que en los próximos días impulsará, junto a Juez, «una marcha» para reclamar un nuevo conteo de sufragios, que podría desarrollarse en Buenos Aires.

Desde la vereda del oficialismo provincial, en tanto, Caserio insistió ayer en aclarar que la oficialista Unión por Córdoba «acepta» el recuento de votos por parte de la Justicia Electoral, cuya autoridad máxima «no está inducida por ninguna cuestión política».

Sin embargo, advirtió que lo que no aceptarán es «la difamación permanente» y, en esa línea, criticó la «payasada y el escándalo» del que es protagonista, según su criterio, el actual intendente de Córdoba.

En el delicado panorama político terció el titular de la UCR cordobesa, Mario Negri, quien resultara tercero en la contienda electoral del pasado domingo.

«Si la instancia judicial indica que es necesario revisar voto por voto, lo vamos a apoyar», afirmó, y aseguró que el apoderado del partido estará presente en el recuento definitivo de votos para «garantizar la mayor transparencia».