Interna por salida de Cruz (UIF) y ya sin Highton, la Corte Suprema debuta con “acuerdos sorpresa”

Recambio traumático en unidad antilavado, con mar de fondo. Oficialismo rebuzna contra la AFI. Batería de fallos con mensaje múltiple (para la política tras 14-N). Contencioso debe ceder poder a jueces federales por demandas colectivas. Dos amparos contra el TSJ.

Carlos Cruz y Elena Highton de Nolasco.

La salida de Carlos Cruz de la Unidad de Información Financiera (UIF) es un fresco de las fricciones que atraviesan buena parte de las áreas de gestión y de las diferentes visiones que anidan dentro de la coalición de Gobierno. Sin sucesor inmediato, la unidad antilavado quedó a la deriva tras el anuncio de una renuncia que no sorprendió a ningún miembro del oficialismo: Cruz había tenido un gran cortocircuito cuando dejó transcurrir el plazo de apelación al sobreseimiento que el juez Julián Ercolini había dictado sobre los ejecutivos del Grupo Techint, en una derivación del caso “cuadernos”.

Terminó adhiriendo y cuando el escándalo suscitó rezongos dentro del oficialismo decidió echar al abogado que estaba a cargo, lo cual fue inverso al intento por aplacar el asunto. Pero el episodio se sumó a otros que habían despertado la ira de varios funcionarios que comenzaron a empujarlo hacia afuera para tener este resultado. Cruz es un albertista puro, con amistad personal de por medio, tenía el respaldo del Presidente para continuar.

Fue la fiscal comercial Gabriela Boquín la que puso el grito en el cielo. Había derivado a la UIF la investigación de un complejo entramado offshore en el que el caso del Correo de la familia Macri habría procedido al vaciamiento y salida del país de fondos correspondientes a la residual compañía que incrementó así su insolvencia para afrontar las deudas con el Estado en pleno concurso de acreedores. La UIF mantuvo este tema en mesa de entradas varios meses sin asignarle un funcionario investigador. Boquín denunció el asunto, en sigilo. Cuando su suerte ya estaba casi echada, Cruz peregrinó al Senado e hizo un último intento para transmitir un mensaje con destino a Cristina de Kirchner, fastidiada y al tanto de la demora en un caso muy sensible para el oficialismo. Pero además, un sector del kirchnerismo le asignaba la decisión política de haber ascendido al hijo del camarista de Casación Juan Carlos Gemignani, identificado como un juez anti-K declarado.

El joven era auxiliar en la Dirección de Querellas cuando el organismo lo comandaba Mariano Federici. Le endilgan a ese despacho haber sido la usina que elaboraba los informes que nutrían las causas contra la expresidenta y su familia, bajo las órdenes de Alberto Mendoza. Cruz no realizó una auditoría que le recomendaron para ver cómo esos expedientes se confeccionaban. En noviembre 2020 le ofreció a Gemignani junior pasar a la jefatura del Departamento de Asistencia Judicial de la Dirección de Análisis.

El 27 de septiembre pasado, Mendoza pasó a ser director de Análisis. Todo ese combo hizo levantar la presión en su contra y tornó insostenible su situación. Con el Presidente arrastraban una historia de trabajo común: fue el exjefe de Gabinete el que lo había propuesto como defensor de Felisa Miceli cuando apareció el escándalo de la bolsa con dinero en su despacho.

Esta última semana hubo otra funcionaria destinataria de maldiciones dentro del propio oficialismo y entre algunos funcionarios de alto rango: la interventora de la AFI Cristina Caamaño, a raíz de que, para ellos, había tenido responsabilidad en la fallida indagatoria de Mauricio Macri en Dolores. ¿Qué le facturaban? Que no hubiese advertido que el juez Martín Bava había consultado el 1 de octubre a la ex SIDE si Macri debía ser relevado del secreto. El reparto de culpas le asignaba un mayor porcentaje a ella que al propio magistrado sobre algo que, en vista de los distintos escenarios, no tenía una solución fácil desde el punto de vista procesal.

A ello le sumaron que la convocatoria del Ministerio Público Fiscal de directores pasados de la AFI a declarar sobre qué procedimientos y tareas de inteligencia eran “habituales” en el organismo podría ser un búmeran para el avance de las causas. ¿Qué pasaría si declaran que tareas de recopilación de información interna sobre ciudadanos que ahora se rotulan como espionaje ilegal eran una práctica extendida en los tiempos? Misterio.

Bye Highton

A partir de hoy, la Corte Suprema tendrá solamente cuatro miembros, tras la aceptación de la renuncia de Elena Highton de Nolasco que tiene efecto a partir de las 0 de hoy. Eso no fue obstáculo para que la semana pasada, la saliente jueza participara de la hiperactividad que buscó mostrar el máximo tribunal disparando sentencias de todo tipo y diferente materia. Cada una, leída entre líneas, contiene un mensaje hacia la política, el mundo empresario y el ordenamiento interno dentro del Poder Judicial. A pesar de quedar habilitado, el Gobierno no hará propuestas de candidatos para seguir el Decreto 222 hasta pasar el cronograma electoral. Si inmediatamente después lo concreta es un interrogante.

Como ya adelantó Ámbito, en todos los sectores –tanto en el Ministerio de Justicia como en Talcahuano 550- se preparan para una larga temporada de solo cuatro miembros. Siempre dentro de la ciencia ficción por lo que se explicó de lo volátil y dilatado del procedimiento hubo dos nombres que recorrieron varios despachos como adquiriendo volumen de candidatura. Ambas son del interior y destacadas juristas en sus especialidades. La presidenta de la Corte de Tucumán Claudia Sbdar e Indiana Garzón (quien en su momento también había sido testeada para la Procuración).

De hecho, perciben que la Corte está tomando solamente un impasse electoral para arremeter con más fuerza y con causas verdaderamente calientes para la política a partir del 15 de noviembre. Con dos novedades: el regreso de los acuerdos presenciales y, al derogar la Acordada 38/1990 derribó una tradición que tenía 30 años en la Corte. Los acuerdos semanales los días martes. A partir de ahora, podrán ser convocados para cualquier día hábil. Esto torna impredecible cuándo la Corte pueda llegar a fijar momento para definir cualquier caso. Una invaluable herramienta para desconcertar a los de afuera. Se escuchó en los pasillos del cuarto piso que el principal valor que se proponen defender, incluso de manera heterodoxa, es la independencia del máximo tribunal.

Colectivas

Entre las decisiones destacadas de toda la batería de fallos que dispararon a discreción aparece uno con especial significancia a nivel federal. Porque tiene dos primeras lecturas de gran cimbronazo: la primera es que la Corte ratificó que los jueces federales de las provincias podrán tramitar causas colectivas nacionales. Eso implica la descentralización de casos que habían quedado concentrados en el poderoso fuero Contencioso Administrativo Federal. De hecho, desarma en parte la red enhebrada por el procurador del Tesoro durante el macrismo para conjurar, a través de un “escudo anticautelares” los aumentos tarifarios, tras la experiencia de la causa Cepis por los aumentos del gas. De esa forma, evitaban que jueces federales de cualquier parte del país pudieran frenar medida de este tipo con alcance colectivo. Las denominadas “class action”. La Corte empodera a los federales de las provincias y recorta (en parte) el poder del Contencioso con asiento en la Capital Federal, el fuero de la gobernabilidad.

La novedad que tendrá varios capítulos por escribirse radica en las dos demandas presentadas contra la ley votada por la Legislatura porteña que asegura la injerencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la revisión de causas de la justicia nacional, de fueros civil, comercial y laboral, que en realidad, este último funge como un fuero federal. Por dos vías, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la agrupación “Gente de Derecho” que lidera Jorge Rizzo reclamaron por amparos su declaración de inconstitucionalidad. Como ya se dijo en estas líneas Horacio Rodríguez Larreta logró cerrar una grieta en este tema. Están todos en contra. Inclusive desde el lado empresario, que ven la extensión de litigios con una instancia más.