"Un malentendido": provincias recibirán los fondos sociales

El gobierno negó ayer que hubiera un desacuerdo con los gobernadores provinciales del peronismo por la demora en la remisión de los $ 225 millones de fondos sociales. Sin embargo, admitió que existió un «malentendido» a raíz de una circular que envió el Ministerio de Economía con una suerte de reglamentación de 35 artículos del punto 4 del Compromiso Federal firmado en noviembre del año pasado, que a juicio de los mandatarios terminó complicando la remisión de esos fondos, tal como anticipó este diario.

Respondiendo a una autoconvocatoria fogoneada por el salteño Juan Carlos Romero -que le envió a José Luis Machinea una carta muy dura donde reivindicó el derecho de las provincias, de acuerdo a lo pactado, a administrar esos fondos que serán auditados desde la Plaza de Mayo-, se reunieron ayer en el CFI los mandatarios de Buenos Aires, Carlos Ruckauf; de Córdoba, José de la Sota; de Santa Cruz, Néstor Kirchner; de Jujuy, Eduardo Fellner; de La Pampa, Rubén Marín; de Salta, Romero; de La Rioja, Angel Maza: de Tucumán, Julio Miranda; y de Formosa, Gildo Insfrán. Junto a ellos estuvieron Ramón Puerta por Misiones, y los ministros de Hacienda y de Acción Social de las provincias de Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Quien envió esa circular a las provincias, el secretario de Hacienda Mario Vicens, apareció de improviso en el CFI (aunque mantuvo charlas telefónicas con alguno de los gobernadores) dispuesto a dar las explicaciones que hicieran falta. Advertido el gobierno que corría el riesgo de que se abriera un nuevo frente de conflictos cuando está tratando de cerrar los que ya tiene, se le ordenó a Vicens calmar las aguas. Lo que desde la Casa Rosada no aclaran es que el mayor conflicto con las provincias los generan las administraciones aliancistas como la de Río Negro, por dar un ejemplo. Pésimamente conducida por el radical Pablo Verani, es una de las gobernaciones en manos de la Alianza que reclama mayores fondos por el aumento del déficit de las cuentas locales, el aspecto más relevante que se buscó acotar en las vísperas de pactarse el blindaje financiero.

Promesa

Conciliador, Vicens dio por «superado» el conflicto entre la administración nacional y los gobernadores peronistas, y prometió que la semana próxima se comenzará a enviar a las provincias los $ 225 millones comprometidos para ayuda social. Vicens habló al término de la reunión que se realizó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Dijo el funcionario de Economía que «el gobierno va a enviar los fondos a las provincias a partir de la semana que viene. La demora se debió a que había que instrumentar ciertos mecanismos necesarios para el envío del dinero», se excusó.

Ruckauf por su parte manifestó su confianza en que el gobierno «va a cumplir» con los $ 225 millones mensuales que debe enviar a las provincias como parte del pacto fiscal federal firmado a fines de 2000. «El gobierno va a cumplir el contrato que tiene con los gobernadores para el envío de fondos sociales», aseveró Ruckauf al retirarse de la reunión de gobernadores del PJ.

No obstante y para dejar a salvo el enojo que se generó, Ruckauf advirtió que el gobierno «está violando» el acuerdo entre la Nación y las provinciales que contempla el envío de esos fondos para hacer frente a los problemas sociales.

El mandatario bonaerense anunció que enviará a su vez «ese dinero a los intendentes que son los que están al lado de los problemas» y agregó que en esta decisión «he recibido el apoyo del senador radical Leopoldo Moreau».

A su turno el cordobés De la Sota explicó, en apariencia más conciliador, que las provincias deben colaborar en la confección del padrón único de beneficiarios de los planes sociales, que requiere el gobierno nacional, pero aclaró que no es condición «sine qua non» para que la Nación gire los fondos de los planes sociales a las provincias.

Controversia

En declaraciones que formuló en el CFI, el mandatario afirmó que «las provincias deben contribuir a la elaboración de ese padrón, pero no es un requisito que si no se hace, no se transfieren los fondos». De la Sota reconoció que hubo una controversia, pero aclaró que en el encuentro en el CFI «hemos trabajado bien. Lo que pasa es que un memorándum enviado por Vicens se pensó que ya era un contrato de adhesión y no es así, él ha manifestado claramente que se analizará provincia por provincia con toda voluntad».

Para evitar la continuación de la polémica, Vicens fue categórico. «Por supuesto, absolutamente», contestó al ser consultado sobre si la Nación le girará los fondos a las provincias. «La semana que viene vamos a trabajar en forma específica para que cada provincia pueda utilizar los fondos», afirmó Vicens, en tanto que remarcó que «no hay ningún desacuerdo» con los gobernadores y que están «trabajando juntos para facilitar este trámite lo más rápido posible».

El funcionario reconoció que hubo demoras en el envío del dinero a las provincias porque en Economía se está «tratando de implementar un mecanismo para que esas transferencias lleguen bien porque hay casos diferentes» en cada una, ya que en algunas el trámite «se hace de inmediato y en otras existen demoras». Consultado sobre si les solicitó a los gobernadores que colaboren en la confección de un padrón único de beneficiarios, señaló que «en el compromiso federal está el compromiso de la Nación como de las provincias para armar un padrón único de beneficiarios».

Eficiencia

«Lo que pretendemos desde la Nación y las provincias es que no haya duplicación de beneficiarios para que el uso de los fondos sea eficiente», advirtió Vicens.

El funcionario de Economía reconoció que se trató de «un mal entendido» el condicionamiento a un acuerdo previo del gobierno nacional al señalar que «nosotros hemos circulado en toda las provincias un borrador del convenio que permitía ordenar la transferencia de los fondos que se comprometieron a través del último compromiso federal».

Borrador

En ese orden, aseveró que aunque «esto no fue entendido así», lo que el gobierno ha hecho es «aclarar el alcance y por supuesto no hay ningún desacuerdo». Vicens remarcó que el malentendido «se materializó cuando se entendió como que la Nación quería establecer un convenio único y en realidad es sólo un borrador que pretendía poner en marcha un proceso de difusión para llegar a un acuerdo con las provincias».

Durante el encuentro los mandatarios justicialistas se negaron a rubricar un nuevo documento para recibir los fondos e indicaron que a partir del lunes serán analizadas la situación provincia por provincia para el giro correspondiente.