Una herencia del segundo Cavallo

Las facultades delegadas o superpoderes son atribuciones que el Congreso le da al presidente para firmar decretos sobre asuntos que requerirían una ley o una auto-rización legislativa. En 2002 la Ley 25.561 declaró la emergencia pública, en materia social, económica administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al PEN conforme art. 76 de la Constitución. Es la norma que modificó la Ley de Quiebras, devaluó la moneda, pesificó parte de los compromisos financieros, suspendió los remates, auto-rizó a renegociar contratos de servicios públicos y le dio a la administración Duhalde las herramientas para su presidencia.

Una ley de finales del año pasado, la 25.820, extendió esos «superpoderes» hasta el 31 de diciembre de 2004, aunque muchas de las facultades originales ya han per-dido la gravitación original porque fueron surgiendo soluciones a los problemas que intentaban resolver. El gobierno igual considera que son clave para poder gobernar.

Siempre el Poder Ejecutivo ha tenido facultades delegadas por economía de procedimiento, pero Domingo Cavallo fue el primero en reclamar por una ley de 2001, siendo ministro de Fernando de la Rúa, que se extendieran las atribuciones para no tener que negociar cada medida con el Congreso. De la Rúa llegó a firmar 92 decretos haciendo uso de los superpoderes, de los cuales 80 fueron avalados por el Congreso.

Con la ley de emergencia de 2002, Eduardo Duhalde amplió esas facultades y firmó 40 decretos. Con la renovación de las facultades, hasta el mes pasado, Kirchner firmó más de 40 decretos usando superpoderes (no deben confundirse todos ellos con los de necesidad y urgencia, que se rigen por otras normas).

Entre los decretos firmados por Kirchner en uso de superpoderes están los que aumentan salarios, suspenden despidos sin causa, el régimen del Plan Jefes, el plan de unificación monetaria que elimina bonos provinciales, compensaciones económicas, revisión de contratos de algunas empresas de servicios públicos, la creación del comité de bancos para renegociar la deuda, los acuerdos con empresas petroleras y con los aeropuertos, las medidas de reordenamiento del sistema financiero, etcétera.