Uruguay difundió informes que autorizaron instalación de papeleras

La Presidencia uruguaya dio a conocer un informe sobre el procedimiento que siguió para autorizar la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos y de él se desprende que los estudios de impacto ambiental con los que cuenta el Ejecutivo uruguayo estuvieron a cargo de las propias empresas Botnia y ENCE.

En el extenso informe, realizado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por orden del presidente Tabaré Vázquez, y publicado en el sitio web del Ejecutivo oriental, se permite el acceso a la totalidad de documentos con los que cuenta Uruguay sobre el tema.

Además, se describe el procedimiento legal que fue utilizado para la aprobación de los emprendimientos de Botnia y ENCE.

Y se verifica que los estudios de impacto ambiental realizados estuvieron a cargo de las propias empresas.

Además, allí el gobierno uruguayo admite que "el proceso de aprobación de los proyectos 'categoría C' (corresponde a los casos de los emprendimientos de Botnia y ENCE) no está definido expresamente en la ley ni en el decreto regulatorio".

En el informe se admite que "es obvio que persisten, en algunos sectores de la sociedad y fundamentalmente en Argentina, dudas, incertidumbres y reticencias a la instalación de estas industrias que, como todo proyecto de estas características, debieron transitar el camino previsto por la normativa respectiva y cumplir satisfactoriamente con los requisitos y salvaguardas que el Estado les planteó".

"Como se ha insistido, la gestión ambiental no es un proceso que concluya en algún punto sino que se sostiene permanentemente mientas las industrias estén operativas", se indicó.

Además, se indicó que "las actividades, construcciones u obras son autorizadas siempre y cuando los impactos previstos sean admisibles, incluso si dicha admisibilidad se logra después de implementar medidas de prevención, mitigación o compensación".

El Ejecutivo uruguayo confirmó que "cada etapa del mismo, tanto en su construcción como cuando las plantas estén trabajando, es objeto de control y monitoreo por parte de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente), para garantizar que todos los procesos se ajusten a las habilitaciones y disposiciones impuestas por la Administración".

"La intención de esta publicación, ahora, es presentar a la ciudadanía de manera clara y ordenada la lógica del proceso de autorización de los emprendimientos, los pasos que se han dado, el punto en que se encuentran hoy y cómo será el seguimiento en las próximas fases", se indicó.

Los pasos que siguió Uruguay para habilitar las plantas son básicamente cinco: comunicación del proyecto, clasificación del proyecto, solicitud de la Autorización Ambiental Previa (AAP), Manifiesto (publicidad) y toma de decisión.

En la primera etapa, la empresa comunica el proyecto a la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

En segundo término, se clasifica el proyecto: tanto en el caso de Botnia como el de ENCE, el Estado uruguayo les otorgó la categoría "C", es decir "proyectos que en su ejecución puedan producir impactos ambientales negativos significativos (aunque se encuentren previstas medidas de prevención o mitigación)" por lo que se requiere un "estudio de impacto ambiental detallado".

En la tercera etapa, las empresas realizan una solicitud de la Autorización Ambiental Previa (AAP), para lo que deben presentar un estudio de impacto ambiental.

En el informe se indica expresamente que el estudio es "presentado por el emprendedor" y evaluado por el organismo competente uruguayo.

Tanto en el caso de Botnia como en el de ENCE, el estudio estuvo a cargo de las propias empresas, en tanto que el gobierno uruguayo tuvo la potestad para estudiarlos y "solicitar todas las aclaraciones y estudios complementarios que considere necesarios".

Según el informe dado a conocer por el gobierno uruguayo, Botnia presentó su estudio de impacto el 31 de marzo de 2004, mientras que en el caso de ENCE, el Ejecutivo uruguayo aceptó el 20 de mayo de 2003 un Informe Ambiental Resumen (IAR).

En la cuarta etapa se "abre el proyecto a la consideración pública", lo cual incluyó en los dos casos audiencias públicas en Fray Bentos.

Finalmente, el gobierno uruguayo estudia todos los elementos y sugiere o no la Autorización Ambiental Previa (AAP), lo que ocurrió en ambos casos.

En el informe se aclara que las empresas deben presentar "un Plan de Gestión Ambiental (PGA) previo al inicio de cada fase de avance del proyecto, tanto en lo referente a la construcción como para la operativa en sí".

"Así, ENCE presentó -y obtuvo la aprobación- el PGA para el movimiento de tierra y Botnia viene realizando obras según se establece en los cuatro PGAs aprobados por la DINAMA. Un quinto PGA -correspondiente a la ejecución de obras directamente vinculadas con el río Uruguay- está aún en proceso de aprobación", se indicó.