Van a juicio directivos del ex Banco Patricios

El juez federal Norberto Oyarbide elevó a juicio oral y público la causa en la que se investiga la caída del ex Banco Patricios, y por la que será enjuiciado un total de diez ex integrantes de la cúpula de la liquidada entidad bancaria. Tras siete años de investigación, el magistrado dispuso que quienes conformaron el directorio del desaparecido Patricios sean enjuiciados por el presunto delito de « malversación de caudales públicos», ante un tribunal oral. Y ordenó que se juzgue a una decena de imputados, entre ellos, los ex directivos de la entidad Alberto Spolski,Alejandro Bilik y Sergio Fryd, por el delito de «administración fraudulenta», que tiene una pena de hasta 6 años de cárcel.

La causa se inició en 1998 por una denuncia del Banco Central que detectó supuestas irregularidades en los préstamos concedidos a sociedades comerciales que estaban vinculadas con los directivos de la entidad bancaria. Según el escrito de elevación a juicio, los investigadores detectaron dos tipos de maniobras defraudatorias, que perjudicaron a cientos de ahorristas que confiaron su dinero a la entidad. Una de ellas estaba relacionada con la «ficticia conformación» de un activo « fraudulento» constitutivo de una cartera de deudores en el rubro tarjetas de crédito y préstamos personales. Esto -siempre la resolución judicial- permitió al banco «simular una situación patrimonial y financiera irreal con el consecuente peligro de estafa entre tales supuestos deudores».

La segunda irregularidad detectada se relaciona con el presunto desvío de fondos de ahorristasen beneficio de personas y empresas vinculadas al banco «infringiéndose disposiciones del Banco Central» y «poniendo aún en mayor peligro la ya deteriorada situación patrimonial y financiera que la entidad venía presentando».

Oyarbide hizo hincapié en las « irregularidades detectadas en el manejo administrativo y el cuidado de la sociedad bancaria, la ligereza y laxitud con que se habrían otorgado préstamos, máxime en un contexto de insolvencia y negatividad del patrimonio». En esa línea, el juez subrayó la «simulación de activos mediante una intencionada tergiversación de la calificación de los deudores y el engaño a las autoridades de control».

La elevación a juicio oral de este expedientehabía sido solicitada hace un año por el fiscal Federico Delgado y un centenar de ahorristas damnificados representados por el abogado querellante Félix Roberto Vega Lecich.

El letrado calificó de «burda» a la maniobra y explicó que el operativo consistió en la emisión de «obligaciones negociables» a través de la invitación a los clientes e inversionistas del banco «a realizar una suerte de canje de depósitos por títulos».

«Esas obligaciones negociables tenían previsto el tiempo de rescate y amortización y tasas de interés; sin embargo, a los pocos días de lanzada la operatoria y cuando miles de incautos ahorristas tomaron esa opción, la entidad financiera fue impedida por el Banco Central para continuar operando, y el dinero de los ahorristas perdió todo su valor», explicó el abogado.