Vence plazo (de hecho) por acuerdo de Correo Argentino

El Gobierno intenta que el expediente que involucra al presidente Macri no recobre protagonismo en pleno contexto electoral.

En pleno contexto electoral, el Gobierno intentará que el expediente por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino cuya objeción por parte de la fiscal Comercial Gabriela Boquín produjo un cisma político para el presidente Mauricio Macri- no recobre protagonismo.

Hoy vence el plazo de prórroga que solicitó la ahora Secretaría de Comunicación de 120 días, una vez que la Casa Rosada debió tomar una decisión política ante el crecimiento del problema. Esa extensión terminó siendo de facto ya que la Sala B de la Cámara Comercial nunca lo concedió formalmente y la petición quedó enmarañada en un burocrático proceso que permitió que siga pasando el tiempo sin una resolución. Las camaristas de la sala B María Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini deben todavía resolver los sucesivos planteos de la fiscal que acusó incluso a la jueza a cargo del expediente concursal, Marta Cirulli de haber consentido un proceso de vaciamiento por parte de los controlantes de la residual Correo Argentino SA, las firmas que forman parte del holding Sideco, de la familia Macri.

En su escritorio, el juez federal Ariel Lijo tiene un expediente que también ha quedado adormecido contra el mandatario y todos los funcionarios intervinientes en el acuerdo. Esa causa fue impulsada por el fiscal Juan Pedro Zoni, a quien el Gobierno le atribuye lazos con Alejandra Gils Carbó.

A principio de este año, la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, consideró que la homologación del acuerdo entre el Estado y Correo Argentino en el acuerdo preventivo tendría un serio perjuicio para los fondos públicos e implicaría un beneficio al Grupo Socma del que es dueño Franco Macri, como cabeza del clan familiar. En su dictamen ante lo que deberán resolver los camaristas del fuero, Boquin advirtió que la propuesta llevaría a una quita de $70 mil millones a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta "que directa o indirectamente beneficie" a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri. El Gobierno había aceptado la propuesta de Correo Argentino en junio del año pasado.

La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" en tanto implicaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de $4 mil millones en la actualidad y de más de $70 mil millones a 2033.

Asimismo, advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Boquin destacó que "la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA". El Estado Nacional es titular del 32,65% del pasivo concursal de la firma. La segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado Nacional en la mencionada audiencia (del 28 de junio de 2016)- "mejoraba" el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que "el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82%", de acuerdo con el cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó conformidad "es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional". "Familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie", apuntó la fiscal.