Funcionario de GCBA no acreditó irregularidades en obras de Báez

Estaba en Vialidad a cargo de Registro que evaluaba capacidad de constructores para recibir obras. Austral tenía certificados en regla entre 2003-2015.

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Parece reiterativo pero otra vez la acusación en el juicio Vialidad no logró que uno de sus testigos aporte elementos contra Cristina de Kirchner, principal acusada. La declaración de un exfuncionario de la gestión macrista en el Registro de Constructores descartó todas y cada una de las hipótesis delictivas presentadas.

En una nueva audiencia del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, la fiscalía convocó a Guillermo Enrique Ferrea. Fue subsecretario de infraestructura y Obras del Gobierno de la Ciudad, trabajó en calidad de contratado por Vialidad Nacional y estuvo a cargo del Registro Nacional de Constructores entre 2016 y 2018.

En concreto lo citaron para que de cuenta de la emisión de Certificados de Capacidad de Contratación y de Ejecución de obras. Es decir, los requisitos para emitir tales certificados, su importancia en las contrataciones de obra pública y el papel que tuvo la repartición a su cargo en relación a la emisión de los certificados para Austral Construcciones.

Es precisamente el Registro Nacional de Constructores el que emite los certificados de capacidad de obra. Se trata de los documento que indican al contratante cuántas obras y de qué envergadura puede encarar cada empresa.

Lo que plantea la fiscalía en su acusación es que a Lázaro Báez le daban certificados irregulares y que los funcionarios imputados Abel Fatala, José López y Carlos Kirchner fueron designados para beneficiar al empresario patagónico a través del otorgamiento de más obras de las que tenía capacidad de desarrollar.

Sin embargo, nada de esto ratificó Ferrea bajo juramento. Según explicó, la capacidad de ejecución de una empresa para realizar una determinada cantidad de obras se calcula en base a una fórmula establecida y “ningún ejecutor tiende a mentir en este punto”, afirmó. Y detalló que si subestima o sobre valora su capacidad operativa se termina perjudicando de una u otra manera.

“Básicamente me ocupé de dos temas, ayudar y desarrollar algunas herramientas sobre redeterminaciones de precios y por otra parte contribuí al desarrollo de la unidad de procesos licitatorios, que evaluaba la admisibilidad para los procesos licitatorios”, puntualizó Ferrea sobre su función específica en Vialidad Nacional. En ese marco y ante las reiteradas preguntas de todas las partes, el testigo no acreditó irregularidades en las obras adjudicadas a Báez entre los años 2003 y 2015.

También, según el Ministerio Público, el Registro Nacional de Constructores no realizó los controles correspondientes al Grupo Báez. Sin embargo, Ferrea no declaró en ese sentido: “¿Realizó alguna auditoría sobre el otorgamiento de la obra pública en Santa Cruz?”, preguntó la fiscalía. “No”. “¿Auditó el otorgamiento de certificados a Austral Construcciones.”?. “No. No era un empresa que esté activa al momento de mi gestión”. ¿Detectó algún tipo de irregularidad por parte de la gestión anterior?”. “No. La planta del Registro era toda gente capacitada. Los evaluadores tenían todos más de treinta años de experiencia”, dijo. Y agregó: “No encontré irregularidades. Los certificados estaban emitidos en forma normal. El legajo estaba en orden”.

El testigo, demás, descartó irregularidades en las redeterminaciones de precios, lo que dejó pendiendo de un hilo otro de los ejes centrales de la denuncia.

En esa línea dijo que el mecanismo de redeterminación de precios de las obras es algo “habitual” y “previsto por la ley”. Y explicó que las redeterminaciones se llevan a cabo debido a las constantes variaciones de los precios del mercado y se calculan en base a un índice elaborado por el INDEC. Y agregó que se trata de una ecuación que no siempre es exacta, por lo que las empresas pueden verse beneficiadas o perjudicadas en forma aleatoria: “es muy difícil para quien aplica la redeterminación hacer un calculo real de todos los ítems. Es un método imperfecto pero es lo mejor que se conoce para lograr un razonable reestablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato. A veces resulta más perjudicial y a veces más beneficioso para las contratistas”, dijo.