El fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Victoria Donda por el escándalo de su empleada doméstica

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este miércoles que se cite a declaración indagatoria a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, Victoria Donda, en la causa en la que se investiga si cometió un delito al ofrecerle a su empleada doméstica un cargo público.

Guillermo Marijuan pidió que citen a infagatoria a Victoria Donda.

Se presentó este miércoles un requerimiento de 22 páginas en el que Marijuan solicitó que se cite a declaración indagatoria a la interventora del INADI, Victoria Donda, por ofrecerle un puesto en el organismo que encabeza. El escrito fue presentado este mediodía ante el juez federal Sebastián Casanello que deberá decidir si comparte el criterio de la fiscalía, que tiene delegada la investigación, y convoca a la interventora del INADI a responder en indagatoria.

Allí Marijuan sostiene que la citación corresponde al hecho de que "Donda Pérez el haberse interesado ilícitamente, por fuera del interés estatal, y abusando de su carácter de Interventora del INADI, en la obtención de un plan social o contrato en el citado organismo en favor de la señora Arminda Banda Oxa, con el objeto de que ésta presentara la renuncia a la relación laboral que la vinculaba como empleada doméstica en su domicilio particular".

"Se inician las presentes actuaciones el día 29 de diciembre de 2020 con motivo de la denuncia efectuada por el doctor Fernando Gabriel Zarabozo, en representación de Arminda Banda Oxa, ante la Excma. Cámara del fuero, en orden a los delitos en los que habría incurrido Victoria Donda, actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI-", sostuvo el fiscal en su presentación.

Marijuan explica numerosas irregularidades en la contratación de Banda Oxa por parte de la ex diputada. "Donda pretendió desvincular laboralmente a Banda Oxa, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral" dice el texto y prosigue: "La denunciada utilizaría sus influencias y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función pública para resolver cuestiones particulares de su esfera privada, y así incumplir con sus cargas como empleadora doméstica y minimizar los impactos económicos que le generaría un reclamo laboral de una persona que no fue debidamente registrada".

También argumenta que "hasta el año 2016, omitió registrarla legalmente y pagar los aportes sociales correspondientes" y que Victoria Donda "no le pagó ingreso alguno durante varios meses y posteriormente, le abonó sólo algunos períodos por una suma menor a la que le correspondía". Al respecto aclara que "Arminda continuó requiriéndole a Donda que le abonara las cargas sociales correspondientes a los períodos 2007 al 2016".

"El último día de trabajo antes del aislamiento, la señora Donda le dijo que no iba a poder mantener ese sueldo, durante el tiempo que no se pudiera trabajar, y que le iba a poder pagar cinco mil pesos" agrega en su texto el fiscal.

En la denuncia se indicaba que durante la pandemia Banda Oxa (63) le había reclamado a Donda que pusiera al día su situación previsional para poder jubilarse y que la empleadora le habría respondido con la oferta de un cargo público y el acceso a un plan social para lo cual antes tenía que renunciar.

Cuando el caso tomó estado público, la titular del Inadi formuló un descargo a través de sus redes sociales donde sostuvo que "hace algunos meses" la persona que trabajaba en su casa con las tareas domésticas le manifestó "su interés en renunciar" por razones personales ante lo que le recomendó "la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio".

En el mismo comunicado sostuvo que también le mencionó la posibilidad de que "colaborara" en alguno de los programas u acciones que lleva a cabo el Inadi.

Marijuan sostiene en el texto "el artículo 265 del Código Penal establece pena de reclusión o prisión de uno a seis años, inhabilitación especial perpetua y multa, para el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio Ministerio Público de la Nación propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

El requerimiento toma como base información recogida del testimonio de la propia presunta damnificada, de distintos abogados que la asesoraron luego de que ella comentara su situación con otra empleadora, y de información suministrada por el área de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).