Votan polémica ley radiofónica

El peronismo del Senado tratará de convertir hoy en ley un discutido proyecto que castiga con prisión de hasta un año a los responsables de emisoras de radio y TV que no estén legalizadas por el COMFER. Será el segundo intento ya que fracasó la semana pasada por serias objeciones domésticas, del radicalismo y hasta de provinciales.

La iniciativa, inspirada en una similar del diputado radical (mandato cumplido) Luis Brandoni, fue promovida por el mismo metalúrgico -jefe actual del Comité Federal de Radiodifusión-Eduardo Caterbetti que, evidentemente, quiere tratar con mano de hierro a las radiodifusoras ilegales y, por eso, alienta esta modificación del Código Penal, aunque no demuestra igual premura para solucionar el conflicto que sacó del aire a «FM Millenium». Cuestiones de gusto: la otra no era una radio «pesada».

• Suspicacia

Se trata de una curiosidad que desde esa oficina pública se alienten (máxime tratándose de un gobierno de transición) puniciones semejantes, ya que el COMFER que preside este funcionario duhaldista no permite que muchas estaciones regularicen su situación. Otra suspicacia sobre este funcionario del «entorno» que aprendió de medios en un curso acelerado.

Parece injusto el castigo cuando el Estado está en mora con el sector, en gran medida a instancias de los grandes medios que pidieron que no se habilitaran nuevas licencias en su momento, y que en estos días hicieron lobby para que se persiga a las clandestinas, sin discriminar a las que están en esa condición por decisión propia o las que quisieran tener papeles en orden pero no las dejan.

En Diputados, durante la gestión delarruista, la propuesta se aprobó sin demasiado trámite y casi sin debate en el recinto. En la víspera, hubo cierta polémica, especialmente, con el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, quien pidió que, por lo menos, se agregara una cláusula que pusiera en vigencia los castigos sólo después de que se regularizara el espectro radioeléctrico.

«No podemos castigar 5.000 emisoras que estarían en situación de ilegalidad, cuando muchas de ellas quisieran tramitar una licencia a pesar de que el COMFER se los impide», reflexionó Gómez Diez.

A las quejas del salteño se sumaron otras de peronistas y radicales que terminaron de inclinar la balanza negativamente, al menos de manera transitoria. Estos veían con suspicacia el apuro por sacar la ley. Como los números escaseaban, José Luis Gioja amagó con aceptar el agregado solicitado por Gómez Diez, pero las disidencias de las bancadas mayoritarias resultaron determinantes, al menos en esa circunstancia.

Los cuestionamientos en la última sesión forzaron que el proyecto volviera, en paso casi coreográfico, a la Comisión de Comunicaciones que preside Guillermo Jenefes (PJ-Jujuy), principal auspiciante aparte de Caterbetti. Jenefes es un importante empresario de medios en su provincia.

La presión de los lobbies y del oficialismo terminaron de acelerar el regreso de la cuestión al hemiciclo senatorial esta tarde, cuando se reanude la sesión anterior que pasó a cuarto intermedio. Ayer, delegados de la autoridad de aplicación visitaron el Senado para saldar las disidencias. Los emisarios del COMFER se comprometieron a sacar una resolución que permita regularizar a las emisoras en clandestinidad involuntaria.

• En el articulado que se incorpora al Código Penal, a la pena de 1 mes a 1 año por realizar emisiones de radio o de TV sin autorización del COMFER, se le agrega una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Si la emisión interfiere otra de una estación legal, los castigos serán de 2 meses a 2 años.

• También establece una pena de 1 mes a 2 años para quienes ilegítimamente fabriquen, publiciten, distribuyan, comercialicen o adquieran decodificadores destinados a captar señales de radio o TV que no sean gratuitas. Los mismos castigos se aplicarán a quienes «se cuelguen» del cable. Se aplicará una multa de 20% del patrimonio neto cuando los delitos se cometan en beneficio de otra empresa.