La denuncia del «Financial Times» por un presunto pedido de coimas en el Senado tuvo ayer un nuevo capítulo de la saga que ya se está incorporando a la campaña electoral.
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Aún cuando ya hay una denuncia penal en el juzgado de María Servini de Cubría presentada por la presidencia del cuerpo, la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cristina Fernández de Kirchner, escuchó una desmentida de Eduardo Amadeo sobre cualquier indicio de cohecho a raíz de un proyecto -con media sanción de la Cámara Alta-para solventar una mutual de empleados bancarios con 2% de los intereses que cobran las entidades financieras.
El embajador James Walsh, que también había sido invitado chez Fernández de Kirchner, se amparó en la inmunidad diplomática establecida por la Convención de Viena, lo cual generó desagrado entre los legisladores, que aclararon que el diplomático sólo había sido convidado a colaborar con la investigación y no citado.
«¿Qué hubiese ocurrido si el embajador argentino en Washington hubiese sido invitado por el Senado de los Estados Unidos a informar al cuerpo?», se preguntó Kirchner con ánimo de ganar centimetraje.
La presencia de Walsh era importante a ojos de los senadores, pues el periodista del «Financial Times» había revelado que la versión había trascendido porque banqueros se habían quejada de la presunta demanda de legisladores a los embajadores de Estados Unidos y Gran Bretaña.
El ex portavoz del gobierno y actual vicejefe de Gabinete compareció como testigo delante de los legisladores que animan Asuntos Constitucionales y han decidido autoinvestigarse a pedido del chaqueño Jorge Milton Capitanich. Este último presentó una cuestión de privilegio, a pesar de que los jefes de todos los bloques habían acordado enviar los antecedentes a Tribunales para que hubiera una pesquisa independiente.
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