Zin echó al funcionario bonaerense involucrado en la causa de medicamentos truchos

Política

El gobierno bonaerense desplazó de su cargo al subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, luego de que trascendiera que tiene contactos con el empresario Néstor Lorenzo, quien está investigado por venderle medicamentos adulterados al Estado.

Lorenzo, además, fue identificado como presunto aportante a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, por el juez federal Norberto Oyarbide, interviniente en la venta de medicamentos adulterados, y por la Coalición Cívica.

El ministro de Salud provincial, Claudio Zin, fue el encargado de pedirle la renuncia a Costa. Según confirmaron a Ambito.com, el ministro dispuso que su reemplazante sea la diputada provincial Silvia Caballero, quien se hará cargo de la Subsecretaría a partir del 10 de diciembre cuando vence su mandato.

"En las escuchas telefónicas hay diálogos muy complicados entre un subsecretario de Salud bonaerense de apellido Costa con Lorenzo", sostuvo Oyarbide este lunes al ser abordado por medios de prensa en la puerta de su domicilio.

Lorenzo es el dueño del laboratorio San Javier y fue detenido el viernes tras un allanamiento ordenado por el juez federal, en el que también se secuestró una carpeta con "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de Cristina Kirchner en 2007, reveló Oyarbide.

El principal sospechoso en esta causa por la venta de medicamentos gratuitos provistos por el Estado y el robo y adulteración de remedios, quedó finalmente en libertad este lunes y ahora deberá esperar una nueva citación del juez para declarar.

Zin informó que la salida de Costa y su reemplazo por Caballero -esposa del intendente de General Lamadrid, Juan Carlos Pellita- había sido resuelta la semana pasada a raíz del "fuerte estancamiento en su gestión", aunque las declaraciones de Oyarbide aceleraron el recambio.

"Hablé con Costa y me dijo que sí había tenido conversaciones con Lorenzo, pero que fueron de índole completamente personal y que no tienen que ver su función. De todos modos, no podemos tolerar que un funcionario esté involucrado en llamadas, privadas o no, con una persona investigada por este delito. Es inadmisible", afirmó Zin en declaraciones radiales.

El ministro de Daniel Scioli también salió a aclarar que su cartera "no tiene ningún vínculo comercial con la empresa San Javier", cuyo titular es Lorenzo y que además "la empresa no forma parte del registro de proveedores del Ministerio".

"La prueba fundamental está centrada en importantes escuchas telefónicas, altamente reveladoras que dan cuenta de conexión de importantes figuras de nuestra sociedad que se dedicaban abiertamente a la comercialización y adulteración de medicamentos oncológicos y para HIV", sostuvo Oyarbide.

El magistrado señaló que "se vendían medicamentos robados que estaba prohibido comercializar porque el Ministerio de Salud debe entregarlos en forma gratuita" y precisó que en la Obra Social Bancaria (OSBA) se entregaban "medicamentos que no surtían efecto en el paciente, vendidos por la droguería San Javier".

Estos medicamentos, agregó el juez, eran "entregados por Baires Med que estaba vinculado a (Sebastián) Forza", uno de los tres comerciantes de medicamentos asesinados en el Triple Crimen de agosto 2008 que disparó las investigaciones sobre el tráfico de efedrina.

"Todas las personas que recibieron medicamentos en Osba y advirtieron que no esos tratamientos no surtieron efecto que se dirijan al juzgado", instó Oyarbide.

Estas afirmaciones del juez coincidieron con los dichos de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien denunció el pasado domingo la existencia de una "muy estrecha" relación entre Lorenzo y el secretario general de la obra social de los trabajadores bancarios, Juan José Zanola.

"En realidad Lorenzo no figura como aportante a la campaña. Habría que explicar por qué en el allanamiento que hizo Oyarbide aparecen recibos", contradijo Ocaña en declaraciones televisivas.

Por último, Oyarbide informó que de las escuchas telefónicas "resultan diálogos sabrosos y atinentes entre el empresario Daniel Britos y el entonces superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, al cual echaron del Gobierno".

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