Un juez federal de Estados Unidos rechazó este lunes bloquear un intercambio de tierras que permitirá a SpaceX recibir más de 280 hectáreas de un refugio de vida silvestre en Texas, pese a la demanda presentada por organizaciones ambientalistas que cuestionan las posibles consecuencias ecológicas de la expansión de la compañía de Elon Musk.
Por un fallo judicial, Donald Trump entregará a SpaceX más de 280 hectáreas de un refugio natural en Texas
Un juez rechazó frenar el intercambio impulsado por el gobierno de Trump. La empresa de Elon Musk recibirá terrenos cercanos a su plataforma de lanzamiento.
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El juez de distrito Fernando Rodriguez Jr. desestimó el pedido de una orden judicial preliminar para detener la operación. En su decisión, consideró que los demandantes no lograron demostrar que el acuerdo aumentaría los riesgos ambientales en una región de la costa del Golfo que ya fue transformada por las actividades aeroespaciales.
Cómo será el intercambio de tierras con SpaceX
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos había aprobado en junio avanzar con el acuerdo. SpaceX entregará 276 hectáreas de su propiedad a cambio de terrenos federales ubicados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Bajo Valle del Río Grande.
El área protegida comprende alrededor de 41.700 hectáreas distribuidas en cuatro condados de Texas, cerca de la frontera con México, y contiene hábitats de distintas especies y sitios de importancia histórica. Los terrenos que obtendrá la empresa están ubicados más cerca de su plataforma de lanzamiento.
La operación generó cuestionamientos entre organizaciones ambientales y grupos tribales. El Center for Biological Diversity, una de las entidades que presentó la demanda, sostuvo que el intercambio equivale a entregar tierras públicas a una empresa privada.
El portavoz de la organización, Laiken Jordahl, aseguró que la decisión está “despejando el camino para que las excavadoras destrocen este refugio de vida silvestre ya la próxima semana y conviertan un tesoro público en una ganancia privada”.
Además, anticipó que la batalla judicial continuará pese al fallo. “Esta orden judicial no es la última palabra”, afirmó Jordahl, quien destacó el valor “espiritual, histórico y de conservación” de los terrenos para las comunidades y la biodiversidad del sur de Texas.
El juez consideró débiles las pruebas de daño ambiental
El gobierno estadounidense sostiene una postura diferente. En junio, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre publicó su evaluación ambiental final y determinó que el intercambio no provocaría un impacto significativo sobre la zona.
Según el organismo, la incorporación de las tierras ofrecidas por SpaceX supondría un “beneficio neto para la conservación” y aportaría un “valor sustancial de conservación a largo plazo”, además de mejorar la conexión entre diferentes hábitats del sur de Texas.
Rodriguez coincidió en que las pruebas presentadas para justificar una suspensión preventiva eran “relativamente débiles”. El magistrado señaló que, si bien preservar la vida silvestre y los sitios históricos favorece al interés público, los demandantes no demostraron que los terrenos sufrirían una degradación ambiental, cultural, histórica o estética mientras avance el litigio.
El juez también advirtió que bloquear temporalmente el intercambio obligaría a SpaceX a modificar sus planes de desarrollo y podría generar dificultades para que la compañía cumpla con sus compromisos contractuales.
La expansión de SpaceX en Texas
La disputa se produce mientras SpaceX continúa ampliando su presencia en el sur de Texas, donde comenzó a desarrollar instalaciones hace más de una década. Desde allí realiza operaciones vinculadas con Starship, su sistema de lanzamiento de nueva generación.
El crecimiento de la compañía despertó durante los últimos años cuestionamientos de sectores locales por la pérdida de acceso a playas y el impacto de las operaciones y pruebas de cohetes sobre el entorno.
La presencia de la empresa alcanzó un nuevo nivel el año pasado, cuando trabajadores de SpaceX votaron a favor de constituir un gobierno local propio denominado Starbase. Ni la compañía ni el Servicio de Pesca y Vida Silvestre realizaron comentarios sobre la última decisión judicial.
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