Ley de propiedad privada con desalojo exprés: cuándo se votará el proyecto

La propuesta incluye plazos de pago más cortos, juicios abreviados, restitución anticipada de inmuebles y ajustes en expropiaciones, tierras rurales y barrios populares.

El oficialismo apunta a tratarla en el Senado hacia fines de abril, mientras negocia con bloques aliados.

El Senado avanza con el tratamiento del proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", una iniciativa que propone cambios concretos en el régimen de alquileres y otras áreas vinculadas al uso y tenencia de inmuebles.

El oficialismo busca acelerar su aprobación y trabaja para reunir consensos que le permitan llevarlo al recinto antes de fines de abril.

El eje más relevante de la reforma es la implementación de un sistema de “desalojo exprés”, que reduce los plazos judiciales ante incumplimientos contractuales o situaciones de ocupación irregular. A esto se suman modificaciones en expropiaciones, tierras rurales y regularización dominial en barrios populares.

Mientras el Gobierno sostiene que estas medidas apuntan a dar mayor seguridad jurídica y aumentar la oferta de viviendas, distintos sectores advierten sobre el impacto que podrían tener en inquilinos y en poblaciones vulnerables, especialmente en un escenario económico marcado por ingresos inestables y dificultades para afrontar los costos habitacionales.

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Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y alquileres: puntos clave

El proyecto en discusión plantea una reforma amplia que impacta directamente en el funcionamiento del mercado inmobiliario y la relación entre dueños e inquilinos. La medida busca fortalecer la protección del derecho de propiedad y reducir los tiempos judiciales en conflictos vinculados a los inmuebles.

Entre los principales cambios, se encuentran:

• Reducción de 10 a 3 días del plazo de intimación por falta de pago en alquileres.
• Implementación del juicio sumarísimo para todos los desalojos.
• Posibilidad de desocupación anticipada del inmueble bajo caución juratoria.
• Resoluciones judiciales en plazos breves.
• Habilitación de lanzamientos con uso de la fuerza pública y en días inhábiles.
• Limitación de pruebas a documentación y pericias.
• Incorporación del domicilio electrónico como medio válido de notificación.

La propuesta también incluye modificaciones en el régimen de expropiaciones, con criterios más alineados al valor de mercado; la normativa sobre tierras rurales, que flexibiliza los mecanismos para permitir una mayor participación de capital externo en proyectos productivos; y el sistema de regularización dominial en barrios populares propone descentralizar este proceso, transfiriendo competencias desde el Estado nacional hacia provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

Desalojo exprés, el punto que preocupa a los inquilinos

Aunque dentro del oficialismo el capítulo de desalojos aparece como uno de los menos conflictivos para lograr acuerdos legislativos, en la práctica es el que genera mayor inquietud fuera del Congreso, especialmente entre organizaciones de inquilinos y sectores sociales.

El principal cuestionamiento es sobre la reducción de los tiempos. Con un plazo de solo tres días para regularizar deudas, muchas personas podrían quedar expuestas a perder su vivienda por atrasos mínimos. En un contexto económico donde los ingresos no siempre son estables, esta exigencia resulta difícil de cumplir para una gran parte de la población.

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, sostuvo que "gente que capaz no puede pagar el 10 y tiene que pagar el 15 porque no llega a juntar la plata" podrían "ser desalojados" por el atraso. "Acá lo que dice es que si te atrasás unos días en el pago del alquiler estás en la calle", apuntó.

Y continuó: “Los derechos ya están inclinados desde la derogación de la ley de alquileres. Nos someten a contratos cortos, aumentos frecuentes y todos los gastos a cargo nuestro. Esto genera dificultades para sostener el alquiler y el desalojo ultra exprés es la forma de echarnos si hay un atraso de tres días”.

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A esto se suma la posibilidad de desalojos. En algunos casos, la Justicia debería expedirse en 72 horas y podría ordenar la restitución del inmueble en cinco días. Para los críticos, esta velocidad limita las posibilidades de defensa y deja poco margen para encontrar soluciones alternativas, como acuerdos de pago o asistencia estatal.

También genera preocupación el alcance del proyecto. No solo se aplica a ocupaciones ilegales, sino a inquilinos con contratos formales que incurran en incumplimientos. Esto amplía significativamente el universo de personas potencialmente afectadas e incluye a "locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible".

La iniciativa modifica el artículo 680 Bis del Código Procesal Civil y Comercial y fue uno de los puntos más cuestionados por entidades como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante en el plenario de comisiones.

En el caso de los barrios populares, el debate suma una dimensión aún más compleja. Referentes sociales advierten que una aplicación estricta de estos mecanismos podría derivar en conflictos de gran escala, dada la situación de vulnerabilidad de muchas familias.

Además, los cambios en el sistema de regularización dominial generan incertidumbre sobre el futuro de quienes aún no cuentan con títulos de propiedad.

Luciano Celsi, referente de barrios populares de Bariloche, advirtió que si la propuesta avanza "lo que va a pasar con los desalojos va a ser un caos".

Desde el otro lado, los defensores del proyecto sostienen que la lentitud actual del sistema desalienta la oferta de alquileres. Argumentan que muchos propietarios prefieren retirar sus inmuebles del mercado ante la dificultad para recuperarlas en caso de conflicto, lo que reduce la disponibilidad y empuja los precios al alza.

¿Cuándo se votará el proyecto de ley de propiedad privada?

El oficialismo busca llevar el proyecto al Senado antes de que termine el mes. La fecha que se maneja como referencia es el 29 de abril, aunque todavía no está completamente confirmada y depende del avance de las negociaciones.

Lejos de buscar la firma esta semana, el Gobierno optó por abrir una instancia de diálogo con bloques aliados y sectores "dialoguistas" para sumar modificaciones que permitan garantizar los votos necesarios.

Esta decisión responde a que algunos puntos de la iniciativa, especialmente los vinculados a tierras rurales y regularización dominial en barrios populares, generan más resistencia que el capítulo de desalojos.

Sin embargo, en un despacho de la La Libertad Avanza deslizaron al medio "iProfesional" que el cronograma podría sufrir ajustes, y que está "difícil" sesionar ese día porque "va a estar (Manuel) Adorni en Diputados", y toda la atención (sobre todo del Gobierno) va a estar puesta ahí, por el escándalo de los viajes y el patrimonio del jefe de Gabinete.