Política

Seguridad en Transporte: apuro para separar al Estado del combo "regulador-investigador"

Algunos operadores del Gobierno comenzaron a tantear al Senado para avanzar con la ley que crea una junta multimodal descentralizada que incluirá a todos los medios -aeronáutico, automotor, ferroviario, y fluvial o marítimo- con el fin de prevenir siniestros.

A pesar del poco tacto político e interés del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, algunos funcionarios del Gobierno empujaron un proyecto que votó Diputados en diciembre del año pasado para separar al Estado como “juez y parte” en la investigación de siniestros. El objetivo de la ley, que algunos operadores ya tantean en el Senado, impone la activación de una junta multimodal técnica que incluirá a los medios aeronáutico, automotor, ferroviario, y fluvial o marítimo, tal como contó Ámbito Financiero en agosto de 2018.

El artículo cuarto de la iniciativa establece la creación de la “Junta de Seguridad en el Transporte, como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte”, con “autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado”. En tanto, el siguiente artículo especifica que la misión será “la determinación de las causas de los accidentes e invidentes de transporte cuya investigación técnica corresponda llevar a cabo”; y “la recomendación de acciones eficaces, dirigidas a evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes de transporte en el futuro”.

La junta contará con la siguiente burocracia -a designación libre del Ejecutivo-: un presidente con jerarquía de secretario y cuatro miembros similares a director nacional. Los últimos serán responsables, cada uno, de los transportes aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, y fluvial y lacustre. Todos tendrán como prohibición ser “directa o indirectamente propietarios, accionistas, directores, funcionarios ni socios de empresas de transporte o dedicadas al aseguramiento de riesgos asociados a la actividad del transporte”; y tener un interés o vínculos que signifiquen beneficios u obligaciones con entidades, organismos y empresas relacionadas con las áreas que trata el proyecto, entre otras cuestiones.

Por otra parte, la junta tendrá su sede principal en la Ciudad de Buenos Aires y representación en cinco regiones: Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires); y Patagonia (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

En cuanto a los alcances de la investigación, el texto deja en claro que “los resultados” de la junta “no condicionan ni prejuzgan los de cualquier otra investigación de índole administrativa o judicial que corresponda realizar”. Además, los informes “no tienen como objetivo la determinación de la culpa o dolo a nivel penal ni la responsabilidad civil del accidente o incidente” y “no son recurribles ni pasibles de impugnación, no pudiendo tampoco ser admitidos con carácter probatorio en proceso judicial alguno”. Los hallazgos, actividades y recomendaciones deberán ser reportados al Ejecutivo y al Congreso en marzo de cada año.

La iniciativa -la idea fue lanzada años atrás por el exministro K Florencio Randazzo tras la tragedia de Once y ante el descalabro que en ese momento había sobre este tema dentro del cristinismo- fue aprobada el 5 de diciembre pasado durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo. En medio del convite en el recinto se dio luz verde a un conjunto de varios proyectos, incluido el de la junta. A favor votaron 200 legisladores de distintos bloques y sólo se abstuvieron dos del Frente Cívico de Santiago del Estero: Mirta Pastoriza y Hugo Infante, quien murió antes que finalizara 2018.

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