Anthropic y el gobierno de Donald Trump volvieron a protagonizar un enfrentamiento que deja claro que, más que nunca, el debate sobre las nuevas tecnologías estará atravesado por las pujas políticas. En pleno conflicto con la gestión republicana, la empresa desarrolladora de Claude presentó una demanda federal contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos y otras agencias de gobierno, donde impugna la decisión gubernamental de catalogar a la compañía como un "riesgo para la cadena de suministro”.
10 de marzo 2026 - 09:47
Anthropic demanda al gobierno de EEUU por catalogarla como "riesgo para la cadena de suministro"
La empresa de Silicon Valley y el presidente Donald Trump suman un nuevo episodio en el conflicto por el uso de la tecnología con fines militares.
-
El petróleo retrocede tras señales de negociación para el posible fin de la guerra
-
Las bolsas europeas rebotan tras la corrección del petróleo y declaraciones de Trump
Trump, Anthropic y las tensiones inevitables entre tecnología y geopolítica.
La batalla entre Anthropic y Trump comenzó semanas atrás, cuando la empresa puso en el centro del debate los límites de su herramienta a la hora de ser usada con fines militares, ya sea en el desarrollo de armas autónomas o bien de sistemas de vigilancia masivos.
Ante el tira y afloje por las clausula limitantes en el contrato, el Pentágono exigió públicamente el acceso irrestricto a las capacidades de IA y sancionó formalmente a la compañía de Silicon Valley. La categorización como "riesgo para la cadena de suministro" establece - de manera inmediata - una prohibición sobre los contratistas del gobierno para utilizar tecnología Anthropic en su trabajo para el ejército estadounidense.
"Se aplica claramente solo al uso de Claude por parte de los clientes como parte directa de los contratos con el Departamento de Guerra, no a todo el uso de Claude por parte de los clientes que tienen dichos contratos", detalló día atrás el CEO, Dario Amodei, en referencia a la sanción.
La denuncia de Anthropic
"No creemos que esta acción sea jurídicamente válida y no vemos otra opción que impugnarla ante los tribunales. El lenguaje empleado por el Departamento de Guerra en la carta", respondió - el pasado jueves - Amodei a la categorización del gobierno de Trump.
En ese sentido, detalló: "La carta del Departamento tiene un alcance limitado, debido a que la ley pertinente ( 10 USC 3252 ) también lo es. Su propósito es proteger al gobierno, no sancionar a un proveedor; de hecho, la ley exige que el Secretario de Guerra utilice los medios menos restrictivos necesarios para lograr el objetivo de proteger la cadena de suministro".
La demanda fue presentada el pasado lunes ante un tribunal federal de California. La misma exige que un juez revoque la designación e impida que las agencias federales la apliquen.
“La Constitución no permite que el gobierno ejerza su poder para castigar a una empresa por su libertad de expresión (...) Anthropic recurre al Poder Judicial como último recurso para reivindicar sus derechos y detener la campaña ilegal de represalias del Ejecutivo", declaró la empresa en su denuncia, según consignó el medio especializado Wired.
Además, la compañía de Silicon Valley también solicita una orden de restricción temporal para continuar sus ventas al gobierno.
“Nuestras fuerzas armadas obedecerán la Constitución de Estados Unidos, no las condiciones de servicio de ninguna empresa de inteligencia artificial progresista”, respondieron desde vocería de la Casa Blanca al medio Wired.
La repercusión de la batalla entre Anthropic y Donald Trump
Luego de que se conociera el acuerdo entre OpenAI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos —rebautizado como “Departamento de Guerra” durante la administración de Donald Trump—, la reacción de usuarios y del mercado tecnológico no tardó en aparecer.
Según datos de la consultora Sensor Tower, las desinstalaciones de la aplicación móvil de ChatGPT en Estados Unidos se dispararon un 295% día contra día el sábado 28 de febrero.
La cifra representa un salto abrupto frente al comportamiento habitual de la aplicación. Durante los últimos 30 días, el promedio diario de desinstalaciones se ubicaba en torno al 9%, por lo que el movimiento registrado tras el anuncio sugiere una reacción directa de parte de los usuarios ante la alianza con el Pentágono.
En paralelo, distintos actores del sector tecnológico comenzaron a expresar reparos sobre las implicancias de la medida. La semana pasada, una coalición de organizaciones empresariales del rubro —entre ellas TechNet, Business Software Alliance y la Software and Information Industry Association— envió una carta a la administración Trump para que reconsidere la designación.
En el documento, las entidades argumentaron que catalogar a una empresa tecnológica estadounidense como un adversario en lugar de tratarla como un activo estratégico podría desalentar la innovación dentro del país.
Las organizaciones que integran la coalición representan a varias de las principales compañías del sector, entre ellas Apple, Google, Nvidia, Microsoft, Meta, IBM, Salesforce y Oracle.
A la par, un grupo de tecnólogos de alto perfil y exfuncionarios de seguridad nacional también remitió una carta a los integrantes del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos.
En el texto advirtieron que “el uso de esta autoridad contra una empresa estadounidense se desvía profundamente de su propósito original”, y reclamaron al Congreso que establezca reglas claras para el uso de la inteligencia artificial en ámbitos sensibles como la vigilancia nacional y el desarrollo de sistemas de armas autónomas.
Entre los firmantes figuran el exdirector de la Central Intelligence Agency Michael Hayden, el profesor de la Facultad de Derecho de Universidad de Harvard Lawrence Lessig, el exsocio de Andreessen Horowitz John O'Farrell y el ex subsecretario del Ejército Brad Carson, además de varios almirantes retirados de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Dejá tu comentario