UIF y Oficina Anticorrupción aceleran elevación a juicio y sprint final de "cuadernos"

Consideraron parcialmente cerrada la investigación y avalaron su trámite hacia el debate oral. Alonso y Federici convalidaron la hipótesis de los fiscales.

Laura Alonso y Mariano Federici

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron al juez federal Claudio Bonadio que eleve a juicio la parte principal de la causa de los cuadernos iniciada a partir de los escritos del exchofer Oscar Centeno. El pedido fue realizado tras el dictamen de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, quienes también consideraron que la causa está lista para que sea debatida en juicio. Tras las consultas de rigor, el caso (la primera parte) estará en condiciones de dar su último sprint hacia la elevación a juicio oral y público, cuyas chances de comenzar este año son nulas.

El organismo que preside Laura Alonso y el que encabeza Mariano Federici ostentan el rol de querellantes y por eso forman parte de la ronda de consultas previa a definir la clausura de la investigación y la elevación a debate oral.

En el resumen de su requerimiento, la OA destacó la gravedad de la acusación que recae sobre la expresidenta Cristina de Kirchner, señalada como “jefa de la asociación ilícita” que durante 12 años recaudó fondos ilegales que aportaban contratistas y concesionarios del Estado. Para la OA, la corrupción en la obra pública gestada entre los años 2003 a 2015 fue organizada en los más altos cargos del Poder Ejecutivo Nacional. Dicho sistema fue organizado y dirigido por Néstor Kirchner y, tras su fallecimiento, continuado por Cristina Fernández de Kirchner.

En el escrito presentado, la OA sostuvo que los máximos responsables del Gobierno nacional “forjaron un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener la asociación ilícita en el tiempo; valiéndose de los organizadores Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens y de sus demás componentes funcionales, que resultaron ser Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, Germán Ariel Nivello, Oscar Alfredo Thomas, Rudy Fernando Ulloa Igor, Víctor Fabián Gutiérrez y Julio Daniel Álvarez”.

Además, la Oficina remarcó que todos ellos, desde sus roles asignados, implementaron un “mecanismo de recaudación y recolección de dinero que se sabía corrupto, proveniente de sobornos pagados por personas vinculadas a empresas que pretendieron beneficiarse -o bien, se beneficiaron- a partir de la adjudicación o mantenimiento de contratos de obras públicas, concesiones viales, provisión de energía y subsidios, entre otras contrataciones con el Estado Nacional”.

“El sistema mentado funcionaba del siguiente modo: de acuerdo al tipo de contrato a adjudicar -o mantener- por parte el Estado Nacional, la organización fijaba un canon o monto de retribución. A partir de allí, coordinaban con los empresarios la fecha y el lugar de pago”, explicó la Oficina, que además agregó: “La organización tuvo como finalidad implementar un sistema de recaudación de dinero ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales”.

En consecuencia, para la Oficina Anticorrupción, Cristina deberá responder por el delito de asociación ilícita, en carácter de jefa, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, reiterado en veintidós oportunidades; De Vido deberá responder por el delito de organizador de asociación ilícita, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, reiterado en tres oportunidades y Baratta deberá responder por el delito de asociación ilícita, en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, en carácter de coautor, reiterado en cien oportunidades.