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El docente Valmir Santos Vieira, referente del Centro Convive, consideró que "sería un beneficio para la comunidad que devuelvan los bienes" secuestrados a las bandas de narcotraficantes, pero advirtió que "tiene que ser muy rápido, porque el narcotráfico recluta muy rápido y el Estado llega tarde".
A su turno, el representante de FEDEVI Chaco Aldo Santiago Soto pidió que la ley de extinción de dominio se apruebe lo antes posible y relató: "En la esquina de mi casa hay una comisaria, le sacaron a los narcos una camioneta y está ahí pudriéndose. ¿Por qué no la ponen al servicio de recuperar a los chicos?".
Por otra parte, los especialistas invitados a la reunión sumaron nuevas críticas a diversos aspectos técnicos de los proyectos, tal y como ocurrió el último miércoles.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, se refirió al proyecto sobre extinción de dominio y a la discusión que se da en torno al uso de una herramienta del derecho civil, como es el decomiso, en causas del ámbito penal.
"Si estamos diciendo que los bienes que van a ser objeto de la extinción de dominio son bienes sospechados de que provengan del delito, debería plantearse todo en sede penal", indicó Pleé durante su exposición.
El presidente de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), Francisco D Albora, advirtió que el proyecto para ampliar la figura del arrepentido a los casos de corrupción tiene "inconsistencias" en cuanto a la pena para quien aporte información falsa.
En este sentido, precisó que "se prevé una pena de cuatro a diez años por el aporte de información falsa, pero si se tiene en cuenta que las normas equivalentes que hoy existen tienen una pena de uno a tres años, una pena de esas características no superaría un análisis de constitucionalidad".
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