Fútbol Para Todos: confirman los procesamientos de Aníbal Fernández y Capitanich
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En primera instancia, la jueza federal María Romilda Servini había procesado a los tres ex ministros por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, por no haber controlado el destino final de los fondos del programa que se implementó en 2009.
De acuerdo a la investigación judicial, los fondos destinados a los clubes, a través del FPT, se desviaron de tres formas distintas: por aportes a la fundación El futbolista, por descuento de cheques en financieras y por ser utilizados para garantizar préstamos otorgados por el Banco Credicoop a la AFA.
Los tres ex jefes de Gabinete fueron acusados de no garantizar que no fueran desviados los fondos del programa que tenía por objeto "coordinar y articular la transmisión y explotación comercial de la televisación de los torneos del fútbol argentino", para que los clubes ordenaran sus economías.
En el caso de Mariotto, la Cámara Federal confirmó el procesamiento dictado por la jueza Servini que le atribuyó el delito de peculado -desvío de fondos públicos- y le trabó un embargo por 5 millones de pesos porque fue coordinador del FPT.
"Mariotto, por la función de coordinador del programa, tenía a su cargo la custodia de los ingresos de la explotación comercial del programa, la cual surge expresamente en la decisión administrativa por la cual asume y se crea el comité, por lo que fue encomendada en razón de su cargo", había sostenido la jueza.
A otro ex coordinador del programa que vinculó al Estado con los clubes del fútbol argentino, a través de la AFA, Pablo Paladino, la jueza le había dictado un procesamiento por "violación de deberes de funcionario público", pero la Cámara resolvió sobreseerlo.
El presidente de la AFA, Segura, y los dirigentes de esa entidad Savino, Portell, Lemme,Silva y Raposo quedaron procesados por el delito de "administración fraudulenta" en perjuicio de la administración pública y a todos les fueron trabados embargos por 20 millones de pesos, menos a Segura que fue embargado por 50 millones.
Para el análisis del caso, la sala I de la Cámara debió recurrir al voto del camarista Martín Irurzun, porque el juez Jorge Ballestero se excusó de intervenir en el caso ya que integra el tribunal de disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino.
Los procesamientos fueron confirmados con el voto de Irurzun y Leopoldo Bruglia, mientras que Eduardo Freiler votó por el sobreseimiento de los ex funcionarios públicos y propuso dictar la falta de mérito a los dirigentes de la AFA, bajo el argumento de que el dinero investigado dejó de ser público cuando ingresó al programa FPT.
"No advierto que los funcionarios imputados hayan quebrantado un deber asociado a los fines específicos que la ley y las decisiones administrativas pertinentes asignaron al "Programa Fútbol Para Todos", sostuvo Freiler en su voto.
La causa se originó en mayo de 2014 a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, en la que cuestionó el presunto reparto discrecional de los fondos del FPT y la falta de control sobre el destino de los mismos.
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