17 de mayo 2024 - 08:35

Roces entre las entidades del campo por la vacunación contra la aftosa

La vacunación contra la fiebre aftosa suma un nuevo capítulo. Ahora el agro debe discutir puertas adentro el rol de las fundaciones y entes sanitarios.

El virus de la enfermedad parece estar bajo control y es por eso que un grupo cada vez más numeroso de productores propone cambios en la actual política, que van desde la libertad para decidir cómo y quién aplica la dosis de la vacuna hasta dejar de vacunar.

El virus de la enfermedad parece estar bajo control y es por eso que un grupo cada vez más numeroso de productores propone cambios en la actual política, que van desde la libertad para decidir cómo y quién aplica la dosis de la vacuna hasta dejar de vacunar.

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Desde hace un mes y medio, en la Argentina el proceso que implica la adquisición y la vacunación contra la fiebre aftosa provoca nerviosismo en el Gobierno y mucha ansiedad en el sector empresario vinculado a la ganadería.

Para los que no están involucrados en el mundo pecuario, la aftosa es una enfermedad viral que afecta a los vacunos -entre otros animales- y si bien no se transmite a los humanos genera un gran problema comercial si aparece un brote, porque los países que tienen el virus no pueden acceder a los mercados mas importantes de la carne vacuna en el mundo.

La discusión que se da por estos días, mientras Brasil acaba de definir que dejará de vacunar en todo su territorio, es cómo debería la Argentina armar su estrategia para asegurar el status sanitario actual y mantener los mercados que tanto esfuerzo implicó recuperar y sostener, especialmente durante ciclos de gobierno que veían a la carne como un bien cultural y que decidieron cerrar, limitar o prohibir la exportación bajo la falsa excusa de defender la mesa de los argentinos.

Sin brotes en Brasil, Paraguay y Uruguay, el virus de la enfermedad parece estar bajo control y es por eso que un grupo cada vez más numeroso de productores propone cambios en la actual política, que van desde la libertad para decidir cómo y quién aplica la dosis de la vacuna hasta dejar de vacunar.

El debate actual es en realidad una escisión de la pelea que se suscitó a comienzos del mes de abril cuando un laboratorio local reaccionó frente al cuasi monopolio que tenía otra empresa, que a través de algunos artilugios sanitarios durante los últimos 23 años acaparó el mercado y copto a todos los actores involucrados en la aplicación de vacunas. Ese monopolio comenzó a desarmarse el día en que un empresario decidió patear el tablero y pedir formalmente ante las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que se le permita importar vacunas y que sean los productores los que elijan a quién comprarle.

En aquel entonces, Diego La Torre, presidente y dueño del laboratorio Tecnovax, solicitó importar unas 25 millones de dosis desde Brasil a un precio sustancialmente menor al que los productores pagaban en la Argentina. Ese pedido fue acompañado por las recomendaciones de Federico Sturzenegger, nada menos que el autor de varios artículos de las leyes que el actual Gobierno busca impulsar en el plano legislativo. Sturzenegger recogió un informe que había elaborado la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) donde quedaba en claro que en la Argentina había un sobreprecio en el valor de las vacunas frente a lo que ocurre en el resto de la región.

Ese capítulo dejó en claro dos cuestiones muy concretas: que algo de razón había, ya que la empresa que tenía casi la totalidad del mercado decidió bajar los precios y por otra parte al SENASA no le quedó más remedio que aceptar el ingreso de nuevas vacunas. Si bien no hay fecha cierta sobre la disponibilidad real de esas vacunas, se estima que las dosis importadas podrían ser parte de la segunda campaña de vacunación anual que se realiza entre octubre y diciembre.

La de los laboratorios es la primera batalla que desató la “desregulación” de la vacunación contra la fiebre aftosa. La segunda gira en torno a la aplicación de la vacuna, que durante todo ese tiempo se realizó a través de fundaciones y/o entes sanitarios. Esta “diferencia de criterios” comenzó hace algunas semanas a partir de las propuestas elaboradas por la Sociedad Rural Argentina, las que generaron el rechazo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Eso se materializó a través de un comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), entidad perteneciente a CRA, donde se critica a los “dirigentes que promueven desandar el sistema de vacunación antiaftosa implementado por el Senasa y ofrecer la posibilidad de la vacunación por parte de los productores” ya que “se trataría de un regreso al fracaso del pasado poniendo en peligro el status sanitario”.

Es importante destacar que más allá de lo que ocurra entre las entidades gremiales del campo, el organismo que tiene la responsabilidad final de cuidar el status sanitario del país es el SENASA. Ámbito realizó una consulta ante dicho organismo acerca de las nuevas propuestas tendientes a reorganizar el sistema de vacunación pero aun no obtuvo respuesta.

La era Milei: el momento de “tocar las cajas”

Distintas fuentes consultadas por Ámbito indicaron a este medio que la recaudación a través de los entes que se ocupan de certificar y aplicar la vacuna es una cifra millonaria. De hecho, muchos productores creen que se trata de “cajas” que las entidades gremiales tienen para luego solventar sus gastos operativos, ya que en estos procesos están involucradas las sociedades rurales del interior, muchas de ellas afiliadas a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Para comprender de qué estamos hablando, se trata de un negocio de vacunación de alrededor de 52 millones de cabezas de ganado al año, donde los animales chicos (terneros, vaquillonas, novillos, novillitos y toritos) reciben dos dosis anuales. Hasta que explotó el tema, se pagaba en promedio un precio de US$ 2 por dosis, es decir un negocio de más de 140 millones de dólares. Por supuesto que los números fueron variando, pero no hay que olvidar que se trata de un negocio que lleva más de 20 años. Es entendible que pocos quieran hablar abiertamente, que muchos muestren los dientes y que otros crean que se trata de “derechos adquiridos”.

Tranqueras adentro, ya se sabe que esta discusión va a generar polémica, pero son muchos los que quieren abrir el debate, corriendo del centro de escena el status sanitario y poniendo el foco en la recaudación que se genera ya que el pago a través de estos organismos al día de hoy es una imposición y no una opción. Algo similar a lo que ocurría con los laboratorios dueños de las vacunas, donde cada uno cobraba al productor lo que quería, sin ningún tipo de control.

Si se sigue el mismo razonamiento, deberían ser los productores los que -al igual que a partir de ahora con las vacunas- elijan de qué manera y a través de qué mecanismos operativos van a aplicar las dosis para combatir la enfermedad. Quizá prontamente ocurra lo mismo que pasó con el laboratorio que tenía cercados a los ganaderos, que una vez desregulado el mercado bajó los precios. No olvidemos que reducir costos innecesarios nos hará cada vez más competitivos ante el mundo.

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