Coparticipación: gobernadores pierden manejo de $ 17.680 M

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La reimplementación de la Ley de Financiamiento Educativo generará una detracción de $ 17.680 millones anuales en la coparticipación provincial. Se trata del 10,7% de las remesas presupuestadas por Nación, que ya no estará al alcance de los gobernadores para un estratégico uso de libre disponibilidad.

El nuevo escenario tiene impacto directo además en los municipios, que reciben en promedio aproximadamente el 13% de los giros coparticipados a provincias y que, por lo tanto, contarán ahora con $ 2.400 millones menos en concepto de ingresos tributarios a lo largo de 2012.

En valores absolutos, la mayor pérdida para intendencias se registrará en la provincia de Buenos Aires (- $ 918 millones), en tanto que el mínimo se dará en Santa Cruz (- $ 14 millones).

Las conclusiones pertenecen a un informe de la consultora Economía & Regiones, que sostiene además que la merma por la reinstauración de ese fondo educativo «representaría alrededor del 7% de la coparticipación municipal y el 3% de los recursos anuales, ambas cifras estimadas en forma previa a la reforma».

El estudio pone en números el malestar desatado desde enero en intendencias de todo el país, tal como lo anticipó este diario, frente a una inesperada merma en las remesas respecto de lo esperado en diciembre pasado y, de hecho, que no se refleja en los presupuestos locales 2012.

Entre los intendentes más activos a la hora de denunciar este escenario se encuentran los bonaerenses, aunque también se encargaron de manifestar su incomodidad jefes comunales de Chaco, Formosa y Entre Ríos, entre otros distritos.

En el caso de Buenos Aires, avanzan las conversaciones con el Gobierno de Daniel Scioli -con epicentro en Silvina Batakis (Economía) y Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno)- para definir mecanismos alternativos de acceso a recursos.

La Ley de Financiamiento Educativo fue sancionada en diciembre de 2005 para incrementar la inversión en educación por parte de la Nación y los gobiernos subnacionales, para elevar progresivamente la participación del gasto público consolidado en educación en el PBI, del 4,6% de 2005 al 6% en 2010.

En la norma se estipulaban además los esfuerzos relativos que debían hacer ambos niveles de Gobierno: Nación debía aportar el 40% de los recursos adicionales, y las provincias el 60%.

Para este fin -reseña la consultora- se creó una afectación específica de recursos coparticipables para garantizar el financiamiento automático de la parte provincial, para esquivar un manejo discrecional.

Esa afectación caducó sin embargo en diciembre de 2010, de la mano del alcance de la meta del 6%, por lo cual las provincias recuperaron la libre disponibilidad de esos recursos en el electoral 2011.

Un cambio inesperado operó, sin embargo, para este año: si bien en el proyecto de ley de presupuesto 2012 no estaba incluido, en el momento de sancionar la ley se introdujo un nuevo artículo a partir del cual el fondo educativo recuperó este año su vigencia y, por lo tanto, la afectación específica de recursos coparticipables para el fondo educativo.

Este tijeretazo comenzó a sentirse en las provincias a fin de enero y sobre todo en febrero, cuando se afectó una mayor proporción de recursos para compensar los montos no retenidos durante el primer mes de 2012. La consultora detalla que ahora «las provincias han visto deducidos una importante porción de recursos de libre disponibilidad (más del 10% del monto total coparticipado), lo que las obliga a recalcular sus previsiones de gastos y reasignar partidas presupuestarias».

Por ende, también se ve afectada la coparticipación a municipios, que contarían en 2012 con $ 2.400 millones menos en ingresos tributarios. «En otras palabras, los municipios financiarán una parte ($ 2.400 millones) del gasto educativo provincial de 2012», advierte Economía & Regiones.

A excepción de los municipios de Jujuy y San Juan y de la Ciudad de Buenos Aires, que no registrarán detracciones por tratarse la coparticipación de una suma fija determinada anualmente o atada al pago de los salarios, el resto de las intendencias percibirán detracciones anuales promedio del 6,5%, con un pico del 12% en Misiones y un mínimo del 2% en Santa Cruz y Tierra del Fuego (en función de la ponderación relativa que tenga la coparticipación federal en cada jurisdicción).