Cuatro provincias defienden esta semana su promoción industrial

Ahora fue el gobierno de Uruguay el que puso en la mira el sistema, al pedir a la Secretaría Administrativa del Mercosur la conformación de un tribunal arbitral aduciendo que los incentivos que se aplican en esas provincias -que contemplan diferimientos impositivos- perjudican a su comercio. Los cuatro gobiernos locales ya enviaron al gobierno nacional un informe que le da carácter formal a su posición, según confirmaron funcionarios de las provincias a Ambito Nacional. En ese documento sostienen la defensa del sistema, al que consideran la columbra vertebral del desarrollo productivo regional.
Este pronunciamiento será reforzado mañana por el ministro de Economía sanluiseño, Claudio Poggi y su vice, Alfredo Pascuet, ante el vicecanciller argentino Martín Redrado quien les concederá una audiencia en horas de la tarde.
Si bien no hubo ningún tipo de declaraciones en este sentido porque la decisión es manejarse con la mayor prudencia, se descuenta que le transmitirán la conveniencia de preservar los incentivos y también la necesidad de que la Cancillería argentina extreme los recaudos para encontrar una salida al problema. En otras palabras que la controversia no se resuelva en un laudo.
Uruguay pidió la habilitación del tribunal arbitral a nivel regional el pasado 23 de enero y por estos días corren los 15 días para que la Argentina designe su representante. El vecino país nombró al ex ministro de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu. Después ambos países tienen el mismo período para nominar al presidente, que será neutral. Se llega a esta instancia después de más de un año, en el que se agotaron cada una de las etapas de conciliación.
Uruguay presentó la Reclamación por «discriminaciones tributarias, restricciones al acceso e incentivos a la exportación» en la Reunión de la Comisión de Comercio de Mercosur de febrero de 2002. Lo hizo al escuchar planteos de la Asociación de Fabricantes de Pinturas y la Cámara Industrial de Alimentos Envasados junto con otros empresas del sector.
En este marco, un informe que circuló internamente en el gobierno nacional el mes pasado -según trascendió- señaló que subsisten importantes barreras al comercio argentino adoptadas «ilegítimamente por ese país (Uruguay)». Entre ellas se ubican: derechos específicos, plazos mínimos de financiamiento de importaciones, arancel consular, restricciones al comercio de aceite y el impuesto específico interno a los cigarrillos.
La Unión Industrial de San Luis tomó parte, rechazando las medidas arancelarias y paraancelarias establecidas por el gobierno de Uruguay para los productos manufacturados y exportados desde esa provincia. Además sostuvo que «la decisión que afecta al sector productivo de San Luis, discriminado por el hecho de contar con un incentivo a la producción industrial, debería ser contrarrestada -si ése fuera el objetivo- con un incentivo a la producción industrial de Uruguay».