La reforma posibilita a los procuradores fiscales trabar embargos, previa comunicacióna los jueces, sobre los fondos que los grandes contribuyentes tengan en el sistema financiero a través de un mecanismo administrativo que la provincia tiene ya convenido con la Administración Federal de Ingresos Públicos. La Dirección de Rentas de la provincia podrá así ejecutar embargos sobre las cuentas bancariasde contribuyentes a travésdel Banco Central de la República Argentina, agilizando los operativos antievasión.
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El objetivo del gobierno es controlar a toda persona física o jurídica que registre un alto nivel de incumplimiento y una «ostensible» capacidad contributiva.
La administración mediterránea se comprometió ante los legisladores a que el mecanismo será perentorio y que no se aplicará de manera indiscriminada. «No habrá ejecuciones masivas, sino sólo a grandes incumplidores, y el alcance del instituto será limitado en la reglamentación de la ley», explicó el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Jorge Córdoba.
Para Córdoba, «la nuevas medidas están destinadas a reforzar el apoyo al sistema de fiscalización, con el objetivo de incrementarles a los contribuyentes el riesgo de incumplimiento de las obligaciones tributarias y fortalecer a los agentes».
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