Desestiman juicio político

Los miembros del Consejo decidieron desestimar el dictamen de la Comisión de Acusación del propio organismo aconsejando el juicio político del magistrado tras considerar que no se acreditó que haya incurrido en la supuesta causal de «mal desempeño de sus funciones».

El proceso tuvo su génesis cuando un fabricante de tragamonedas con domicilio en Misiones recurrió al juez federal de esa provincia, Casals, planteando que estaba siendo perjudicado por las normas vigentes en territorio bonaerense.

Esas normas permitían explotar esas máquinas en bingos y casinos -a cambio del pago al Estado de un elevado canon- pero no en las agencias hípicas.

El empresario argumentó que las limitaciones que el Estado bonaerense había dispuesto para la explotación de ese juego afectaba «los intereses económicos de los fabricantes y distribuidores de tragamonedas». Por ese motivo, pidió una medida cautelar en Misiones, a pesar de que, por recursos anteriores de las agencias hípicas, ya se había expedido sobre la misma cuestión la Suprema Corte Bonaerense, que había ordenado cumplir con las normas de la provincia que limitaban la expansión de las tragamonedas.

En su fallo, el juez Casals hizo lugar al pedido y ordenó «al gobernador de la provincia, a los intendentes municipales, al presidente del Instituto provincial de Lotería y Casinos, a la Policía Provincial y a la Dirección de Rentas bonaerense abstenerse de prohibir, restringir, cercenar de algún modo o impedir el funcionamiento de máquinas tragamonedas y ruletas electrónicas en las agencias hípicas ubicadas en la provincia de Buenos Aires».