Diputados definen si se intervendrá Santa Cruz

En medio de la puja entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema, diputados opositores intentarán terminar de acordar mañana un proyecto de ley en pos de reponer en el cargo al ex procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa -tal como lo ordenó el máximo tribunal-, que tomaría la forma de una injerencia exclusivamente acotada a garantizar ese cometido, pero sin utilizar la figura de la intervención federal.

Se trata del tercer encuentro de legisladores de los bloques de la oposición, aunque el avance concreto está dado por el hecho de que en esa cumbre el diputado radical y abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra presentará un boceto de punto medio de las distintas posturas, y que no contempla la remoción del gobernador justicialista, Daniel Peralta.

Definiciones

La pretensión es que allí logre allanarse el camino para que el miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionalesque preside la peronistadisidente Graciela Camañocomience a tratar formalmente el caso Sosa.

Además, buscarán definir la fecha para una citación al ex procurador y a un ramillete de constitucionalistas para terminar de cerrar una postura consensuada.

La dilación a la hora de definir la estocada contra el kirchnerismo tiene que ver con los criterios diferenciales a la hora de cumplir con la orden de la Corte, a partir del rechazo de la Coalición Cívica, el socialismo y la centroizquierda a la propuesta de intervenir Santa Cruz, y a los maticesde los proyectos de intervención propuestos por el PJ disidente, el PRO, el GEN y la UCR.

Encrucijada

No obstante, de aprobarse finalmente una ley consensuada por la oposición, también está latente la posibilidad de un veto de Cristina de Kirchner.

Consciente de esta encrucijada, en los últimos días, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni dudó acerca de «si existe la posibilidad institucional de hacer cumplir esta sentencia» y abonó la hipótesis de la «solución política». Por ese camino intentó incursionar también el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Ayer, Sosa -desplazado en 1995 por Néstor Kirchner, por entonces gobernador, por haberse convertido en un factor incómodo de contralorconsideró que la búsqueda de una salida política al conflicto es «un paso adelante» y «va mucho más en la dirección correcta».

Mientras tanto, avanza la preparación para el próximo 8 de octubre en Río Gallegos de un megaacto de apoyo al gobernador, encabezado por el ex presidente.

Peralta, quien fue demandado por el máximo tribunal por incumplir la orden judicial, redoblará por de pronto la apuesta y elevará también una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa presentación se sumaráa la del reemplazante de Sosa, Claudio Espinoza, quien dijo que se quiere hacer cumplir una sentencia que va en contra de las leyes y la Constitución santacruceñas.