Como impacto colateral, la tensión entre Cristina de Kirchner y Daniel Scioli reflotó con fuerza la discusión por el reparto de la coparticipación, aunque la posición política frente a la Casa Rosada dividió a los gobernadores respecto de qué administración debe o no resignar una tajada de los recursos percibidos para consagrar una distribución más justa.
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En la vereda de la sintonía K, en una línea dura se instaló ayer el chaqueño Jorge Capitanich, quien enfatizó que es «injustificado» el reclamo del mandatario bonaerense en pos de que se reformule el sistema porque -dijo- esa provincia recibe «otros beneficios», como subsidios al transporte de carga.
«Ellos creen que son quienes reciben menor ingreso coparticipable por habitante, pero ésto no es así», disparó, para voltear la argumentación blandida por la administración de Buenos Aires.
En un tono más suave, en tanto, el también justicialista Juan Manuel Urtubey, que gobierna Salta, destacó que su provincia es la que «tiene menor presupuesto por habitante de la Argentina». «Y pese a eso, podemos administrar y no tenemos problemas ni necesidad de la ayuda de nadie», remarcó, en un tiro por elevación que pareció ir dirigido a Scioli.
Sin embargo, en las últimas semanas varios mandatarios -incluso algunos que tienen buena llegada a Balcarce 50- se encargaron de elevar la voz para insistir en que el actual reparto de la coparticipación perjudica a las provincias, en beneficio de Nación. A fuerza de sucesivos parches en la vieja ley, hoy el Estado nacional se queda con casi 80% de la torta de recursos tributarios a repartir.
Ese resurgimiento de los planteos no fue casual: se vio empujado por una incómoda desaceleración en las remesas de coparticipación que se profundizó a principios de año -producto del enfriamiento de la actividad económica, entre otros ejes- y que agravó las urgencias financieras que atraviesan las provincias.
En las últimas horas, por caso, el misionero Maurice Closs (Frente Renovador) sostuvo, con tono moderado, que «los criterios de la coparticipación han quedado estancados», aunque remarcó que ese escenario no es atribuible a la Presidente sino a que la Constitución determina que para retocar la ley de rigor se requiere del acuerdo de todos los gobernadores, «lo cual es muy difícil de hacer».
Más severo se mostró en cambio desde Corrientes el radical Ricardo Colombi, quien se quejó de que «Nación se queda con casi el 80% de los recursos de coparticipación y es muy poco lo que manda a las provincias». «Tenemos que recuperar el federalismo y lograr una equidad, una mejor distribución de los recursos», arengó.
Si el arco se amplía a la redistribución del 15% de la coparticipación que hoy financia a la ANSES, los planteos contra Nación anotan además, por caso, al socialista Antonio Bonfatti (Santa Fe) y al peronista crítico José Manuel de la Sota (Córdoba), además de a dirigentes opositores en provincias administradas por el kirchnerismo.
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