5 de febrero 2003 - 00:00
El caso San Luis estará en el primer acuerdo del año, pero no habrá fallo
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Las chances de que alto tribunal se pronuncie mañana son casi nulas. Es que el ministro Juan Carlos Maqueda, integrado al cuerpo el 31 de diciembre último, que también atendió a Lemme, todavía «no ha visto ningún expediente». Ya en la primera audiencia del día, el vicepresidente le avisó a la gobernadora que «el tema será incluido». Eso fue lo primero que le respondió Moliné apenas Lemme reclamó el inmediato pronunciamiento.
También le dijo: «Creo que no habrá fallo porque aún algunos ministros no han fijado posición».
Durante los diez minutos que se extendió la audiencia, Moliné le reconoció la perseverancia: «Gracias a sus gestiones el trámite ha ido avanzando».
El ministro de Economía, Claudio Poggi, y el secretario legal y técnico, Eduardo Allende, fueron testigos del gesto de cortesía.
«Se han agotado todas las instancias, ya no se puede seguir esperando. Le pido que el recurso sea incluido en la agenda del jueves (por mañana)», insistió.
«Sí, hablaremos del tema pero todavía algunos ministros no se han definido», volvió el vicepresidente.
Inmediatamente pasaron al despacho de Maqueda, quien le dijo: «No he visto ningún expediente pero lo voy a estudiar lo mas rápido posible y tomaré una decisión».
Como ya agotó todas las herramientas jurídicas posibles para conseguir el fallo, la administración sanluiseña ahora tiene un argumento que va más allá de lo legal: el tiempo transcurrido desde la presentación.
En los próximos días se cumplirá un año de que interpusiera el recurso de amparo. El raid de la gobernadora y sus colaboradores seguirá hoy. Según adelantaron fuentes de la gobernación, el ministro Adolfo Vázquez la recibirá en horas de la mañana.
«Mi posición sigue siendo la misma desde que comenzamos esta lucha», dijo la mandataria y recordó que el caso estuvo a punto de ser resuelto a fines del año pasado: «Por eso no es atendible ni justificable su dilación por más tiempo».
Lemme apuntó, además, que a mediados de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos «dio número» al expediente en el que los sanluiseños denunciaron al gobierno argentino «por la violación de sus derechos a partir del ‘orralito’'bb.




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