El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Augusto Costa, anunciaron nuevas acciones contra empresas de crédito digital por cláusulas abusivas, tasas usurarias y prácticas de acoso a deudores. Ya recibieron 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja, Ualá y Cencosud, entre otras.
Kicillof anunció nuevas medidas para controlar el endeudamiento de las familias y las prácticas de las billeteras virtuales.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, junto al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, en la que anunciaron nuevas medidas vinculadas al endeudamiento de las familias a través de billeteras virtuales, financieras no bancarias y otras entidades de crédito.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Kicillof abrió su exposición con un diagnóstico sobre la magnitud del fenómeno. "Es de público conocimiento, aunque no se llega a mensurar de forma adecuada por las consecuencias que tiene en las vidas de las personas y en la economía, la gravedad que tiene el endeudamiento y la morosidad, que crecieron sin precedentes. De acuerdo a las estadísticas, el 60% de la población adulta del país está endeudada: son 21 millones de personas. De ese total, uno de cada cinco, unos 6 millones, está en situación de mora", planteó el gobernador, quien remarcó que la posibilidad de endeudarse no es un fenómeno nuevo, pero que en los últimos dos años y medio la morosidad aumentó "explosivamente".
Según detalló, en el caso de los bancos la mora se multiplicó por cinco durante la gestión de Javier Milei, al pasar del 2,5% al 12,8%; la de quienes se endeudan con billeteras virtuales se cuadruplicó, y la de quienes toman crédito con financieras no bancarias pasó del 17,5% al 43%.
"Esta situación de incumplimiento no es un problema entre privados ni algo que se produce por una toma de decisiones individual", sostuvo Kicillof, quien atribuyó el fenómeno a la política económica del Gobierno nacional. Explicó que la imposibilidad de pago se deriva de una macroeconomía deliberada que sostiene ingresos salariales y jubilatorios bajos, junto con dificultades de rentabilidad y cierres en el entramado pyme: según el gobernador, desde la asunción de Milei se perdieron 30 mil empresas y 330 mil puestos de trabajo formales en el país. A eso sumó la política de "paritarias cero" y la no homologación de acuerdos salariales que superen determinados topes, en el marco de un esquema de estabilización antiinflacionaria que, dijo, busca deliberadamente salarios deprimidos.
El endeudamiento, señaló, "resulta de la necesidad de millones de familias de sostener el consumo o directamente la subsistencia con ingresos insuficientes": primero agotan ahorros y postergan consumos, y luego recurren a la deuda, en un contexto de tasas de interés por encima de la inflación que termina en una dinámica de mora generalizada.
El mandatario cuestionó los argumentos del Gobierno nacional para desentenderse del problema. "Milei apela a este recurso: dice que a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para tomar deuda y que es un problema entre privados. Pero son millones de personas que se endeudan para pagar alimentos, remedios, alquiler o estudios médicos, para la vida en sí. No es un tema de privados, se ocasionó por decisiones del Gobierno y no de la gente", afirmó. En ese marco, Kicillof sostuvo que, si bien tomar deuda es una decisión voluntaria, no se trata de un contrato cualquiera debido a la asimetría de información entre quien toma el crédito y quien lo otorga, y remarcó que por eso el Estado debe regular ese tipo de consumos, tal como lo hace con las apuestas o el cigarrillo.
En ese sentido, el gobernador se refirió puntualmente al rol de las billeteras virtuales, que según explicó combinan la función de medio de pago con la de proveedoras de crédito y colocadoras de recursos financieros, actividades que históricamente cumplían los bancos, pero con regulaciones más flexibles. Así, comparó la situación con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que derivó en una crisis financiera mundial y llevó a las autoridades a regular ese tipo de créditos. Citó además cifras del propio balance de Mercado Libre y Mercado Pago: mientras que en Brasil y México la porción de negocio financiero de esas empresas representa entre un tercio y un 40% del total (y el resto corresponde a comercio), en la Argentina la proporción se invierte, con el negocio financiero como componente principal.
Luego, el ministro Costa detalló las acciones concretas que impulsa la Provincia desde el área de Defensa del Consumidor. Recordó que a comienzos de año se inició una investigación de oficio a partir de denuncias contra Mercado Libre y Mercado Pago vinculadas con los términos y condiciones que aceptan los usuarios al registrarse en la plataforma, que no explicitaban con claridad los costos de las operaciones ni las condiciones ante eventuales incumplimientos.
De acuerdo al funcionario, esas cláusulas trasladaban al usuario la responsabilidad ante fallas de la plataforma, habilitaban a la empresa a dar por vencidos préstamos de forma unilateral y obligaban a litigar en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires ante cualquier reclamo. "En agosto la empresa adecuó la normativa revirtiendo estas cláusulas. Hoy todos los usuarios de todo el país cuentan con más derechos a partir de las definiciones de Axel para proteger a los consumidores de situaciones de abuso, de cláusulas abusivas", afirmó el ministro, quien calificó de "virtuoso" el resultado de esa intervención.
En ese contexto, Costa anunció que la Provincia profundizará las acciones de control sobre el sector, en el marco de lo que describió como un crecimiento del endeudamiento habilitado tanto por políticas del Gobierno nacional como por prácticas de las empresas de crédito. Mencionó publicidades que incitan a trasladar ahorros del sistema bancario a plataformas fintech con menor regulación, y advirtió sobre la existencia de préstamos otorgados en pocos clics, con condiciones poco explícitas, tasas de interés que van del 700% al 1000% según el tomador del crédito, sin "botón de arrepentimiento" y con ofertas de productos financieros presentadas como si fueran de e-commerce.
También señaló que, una vez que una familia entra en mora, se registran denuncias de acoso y hostigamiento por parte de los prestadores o de estudios de cobranza tercerizados, con llamados a familiares, al lugar de trabajo y amenazas de embargo.
En ese marco, el ministro informó que la Provincia ya recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja, Uala y Cencosud por incumplimientos, acoso y hostigamiento, y precisó que desde la Dirección de Defensa del Consumidor se abrió un expediente de investigación con imputaciones de oficio por falta de información en los préstamos y ausencia de botón de arrepentimiento, además de un pedido de informes para que las empresas detallen los criterios con que fijan las tasas de interés a cada tomador de crédito. Costa precisó que las multas, en caso de comprobarse los incumplimientos, pueden llegar hasta los 1.883 millones de pesos, además de la obligación de revertir las prácticas objetadas.
Kicillof cerró la conferencia remarcando que "la respuesta de fondo al problema del endeudamiento debe ser del gobierno de Milei", dado que la potestad regulatoria sobre el sistema financiero corresponde al Estado nacional. "Es un problema grave, no es individual, no es un tema entre privados y no se resuelve diciendo que nadie te puso una pistola en la cabeza. El gobierno nacional no está haciendo nada. Desde la Provincia, con los instrumentos que tenemos, vamos a tomar algunas decisiones en los limitados ámbitos en que tenemos posibilidad de actuar", afirmó.
La de Buenos Aires no es la única provincia que decide interceder en el marco de niveles récord de morosidad. Horas antes del anuncio bonaerense, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia para crear el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana, con el objetivo de avanzar contra los créditos abusivos en esa provincia.