"En vez de apaciguar Nación provoca caos"

Periodista: ¿Por qué piensa que no se resuelve el conflicto en Santa Cruz?
Eduardo Arnold: Existe ineficacia en el poder de negociación. Se relaciona con una falta de reflejos, con incapacidad de estos funcionarios santacruceños. (El ministro de Gobierno, Daniel) Varizat y (el ministro de Economía, Juan) Bontempo sólo agreden y (el gobernador Carlos) Sancho no existe.

P.: ¿No ve entonces la llegada de una solución?
E.A.: Es que el reclamo es legítimo. Y no se trata de un problema de plata, sino de revertir medidas como el blanqueo de sueldos o las negociaciones salariales que fueron impuestas por Kirchner.

P.: Al gobierno provincial y nacional no les conviene que se extienda el problema...
E.A.: En realidad es extraño que Kirchner deje que se profundice el conflicto en una provincia que sólo dedica 32% de su presupuesto a salarios. Tal vez tema que se produzca un efecto cascada en todo el país. Pero el efecto ya ocurrió: lo provocó la campaña de (Daniel) Filmus. Les salió mal, porque en Santa Cruz ya se ganaba bastante más que $ 1.040, pero con una canasta familiar que supera los $ 3.000. Tal vez se podría pensar en otras medidas, como por ejemplo hacer menos obra pública innecesaria, que sólo ayuda a los amigos del poder.

P.: ¿Piensa que crecerá el descontento social?
E.A.: En lugar de apaciguar, desde el gobierno se dedican a provocar y eso hace crecer el temor por lo que pueda pasar. Por suerte acá la gente es muy pacífica. Bontempo no puede decir que las marchas se están cayendo y que son 400 personas, cuando frente a su ministerio nunca hubo menos de 3.000.

P.: Usted es candidato a gobernador y, como opositor, el conflicto hace crecer sus chances.
E.A.: El rebote puede ser una conveniencia electoral. Claro que no es lo ideal que se den así las cosas, sino que la gente apoye el proyecto de uno. Queda claro que el Frente para la Victoria tiene muchas carencias: ha perdido la legitimidad, porque se la llevó Kirchner, y legalidad, que sólo parece existir hoy en el aspecto protocolar de la actividad del gobierno.