Encara ahora Rovira una reforma política

La avanzada empezaría vía sesiones extraordinarias, el 11 de diciembre, un día después de que asuman los nuevos legisladores provinciales y el gobernante -y kirchnerista- Frente Renovador se convierta en primera minoría, por encima del peronismo que responde por partes iguales a Ramón Puerta y a Luis Viana. Los planes de Rovira cuentan con el visto bueno del Poder Judicial. «La Legislatura puede derogar todas las leyes que quiera», confirmó el presidente del Superior Tribunal, Jorge Roja, recordando la existencia de la independencia de poderes.
Asimismo, algunos ven esta reacción del gobernador como un primer paso para intentar ir por su re-reelección, vía una reforma de la Constitución.
Lideran el «top ten» de leyes que Rovira quiere hacer desaparecer aquellas por las cuales la mayoría que ostentaba el PJ aprobó un blanqueo de adicionales a la planta judicial y una nueva grilla salarial para los docentes, que representaría $ 150 millones anuales a partir de 2006.
Vale señalar que estas medidas ocasionarían una reacción de los propios gremios, que no verán con buenos ojos que se ponga freno a privilegios que habían conseguido en el marco de una disputa de poder entre legisladores opositores y oficialistas.
 Sanción
Asimismo, entre las leyes de sanción inmediata, los diputados del oficialismo pretenden aprobar la ley de Presupuesto 2006, para que la norma quede finalmente como el proyecto enviado originalmente por Rovira.
También habrá cambios en la ley de partidos políticos y se buscará reformar la ley del Consejo de la Magistratura, aunque para esto último se necesita de los dos tercios de la Legislatura, algo que el oficialismo todavía no alcanza,
aunque podría contar con el respaldo de por lo menos tres diputados de la oposición. El objetivo de fondo es darle más facultades al Consejo para que pueda juzgar y remover a los jueces.
La lista también incluye volver a la ley de lemas para las intendencias, y la ley de municipalidades se modificará para impedir que puedan volver a ser candidatos aquellos alcaldes o ex alcaldes que tengan causas abiertas en la Justicia o en el Tribunal de Cuentas.