10 de noviembre 2003 - 00:00

Energía: Justicia frenó estatización

Aun así, el Ejecutivo entrerriano no ha puesto aún a funcionar la nueva Compañía Entrerriana de Energía (Coensa), ni tampoco ha definido los términos del contrato que la ligarán a la empresa francesa Gas Nea SA -Consulyf SA- y al sindicato Luz y Fuerza, que se ocuparían del gerenciamiento, según las proyecciones del gobierno provincial.La medida del magistrado otorgó un plazo de siete días al Ejecutivo para que informe sobre la exactitud del hecho que motivó la acción de amparo, la razón en que se funda, y también pidió que remita toda la documentación pertinente de todas las actuaciones administrativas relacionadas con la cuestión Edeersa.
En concreto -según publicó «El Diario» de Paraná-, la resolución de Barbagelata estableció el «cese inmediato de los efectos de los decretos 5.682, 5.683, 5.684 y 5.685», por los cuales el gobierno había tomado el control de la prestación del servicio eléctrico el jueves pasado.
Este paquete de decretos establecía la rescisión del contrato de concesión que el Estado provincial había firmado en abril de 1996 con los privados; dejaba en manos de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf), a través de su controlada Consulyf, el gerenciamiento de la nueva compañía; ordenaban la transferencia de todos los activos de Edeersa al Estado; y aprobaba el estatuto que regirá la vida societaria de una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal -Coensa-, cuyo directorio estaría compuesto de cinco directores titulares y cinco suplentes.
La medida judicial deja en suspenso la situación de la empresa eléctrica entrerriana, que posee una deuda de
u$s 86 millones y cuyo futuro es ahora incierto.
Edeersa es la principal empresa de la provincia, con
una facturación anual de $ 140 millones y la responsabilidad de abastecer con electricidad a 70% del mercado entrerriano.
Al momento de decidir la estatización,
Montiel había justificado la medida señalando que «hemos rescatado el rol del Estado no para estatizar sino para que se cumplan los servicios como corresponde», aclarando que «sólo por el momento» el gobierno tomó la conducción de la empresa «hasta que estudie el valor de las acciones».

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