Entre Ríos: otorgan suba salarial de 32% a jueces

La medida -que les significaría entre 1.500 y 1.800 pesos más por mes en el bolsillo- amenaza con desatar una catarata de presentaciones de otros miembros de la Justicia para conseguir igual beneficio.El fallo ya fue apelado por la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, por lo que ahora deberá decidir el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Algunos de sus miembros, precisamente, fueron quienes iniciaron ese reclamo salarial. El máximo tribunal está integrado por nueve vocales, de los cuales tres ya habrían cobrado sus haberes con el aumento.
Se trata de la aplicación de la Ley 8.069, conocida como «ley de enganche», que prevé un ajuste automático de los haberes en base al porcentaje de la inflación.
A fin del año pasado, el gobernador radical Sergio Montiel ya había tratado de congelar su vigencia, pero la movida no contó finalmente con el apoyo de la Legislatura.
 Críticas
El planteo de los jueces provocó severas críticas desde el gobierno entrerriano, debido a que la actualización salarial significaría un aumento de $ 11 millones en el presupuesto de la Justicia, en caso de que todos los magistrados, funcionarios y empleados decidan reclamar la aplicación de la «ley de enganche».
Ayer el diputado provincial oficialista Marcelo Maidana confirmó a Ambito Nacional la información y adelantó que hoy el bloque legislativo de la Alianza local se reunirá con los miembros del STJ para manifestarles su malestar y consensuar una salida al conflicto.
Es que -adelantó el diputado- el gobierno de Montiel pedirá la suspensión de la «ley de enganche» luego de que se apruebe el presupuesto 2003.
La información que trascendió ayer en la provincia señala que la aplicación de la ley había sido reclamada, vía recurso de amparo, por los vocales del STJ Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Germán Carlomagno; por el camarista civil Reynaldo Gagliano; por la secretaria de la Sala Penal, Stella Maris Bolzán, y por la relatora del STJ, María Burgos.
 Vía libre
Según fuentes locales, la pretensión encontró favorable acogida en el juez correccional Daniel Malatesta y en el juez de ejecución de sentencias Miguel Retamoso, quienes fallaron en favor del planteo y habilitaron el pago con aumento del salario de noviembre, en rigor el último cobrado por gran parte de la administración entrerriana.
El incremento de 32 por ciento fue calculado en base a la inflación registradas en el período comprendido entre octubre de 2001 y el mismo mes del año pasado.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Entre Ríos no había fijado hasta ayer una posición oficial sobre el tema. Sin embargo, según trascendió, reconocen la vigencia de la «ley de enganche», aunque dicen entender que la situación de crisis actual no es la más favorable para una presentación de esta naturaleza.