Buenos Aires - La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley la reforma del Código Procesal Penal que limita los pedidos de excarcelaciones en la provincia para los delitos cometidos con uso de armas o con participación de menores.
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Con la oposición de la Coalición Cívica y el apoyo de la mayoría de los bloques, Daniel Scioli logró ayer cerrar un capítulo clave en su política de seguridad. El proyecto había sido aprobado por el Senado, pero había encontrado varias dilaciones debido a las dificultades para alcanzar los dos tercios necesarios para tratarlo sobre tablas.
Las nuevas medidas habían sido presentadas por el gobernador a la Suprema Corte y a la Legislatura en noviembre pasado, en medio de una escalada de hechos violentos como el de la maestra Pilar Almirón.
Desde ahora, los jueces tendrán lineamientos claros para rechazar pedidos de excarcelación cuando los imputados utilicen armas para cometer delitos. Además, tampoco podrán permanecer libres durante el proceso, si el ilícito fue instigado por un mayor, pero ejecutado por menores.
En tanto, el nuevo esquema -según explicó el ministro de Justicia, Ricardo Casal- contempla que no podrán quedar libres quienes hayan participado en varios episodios que estén bajo proceso.
También se modifica la legislación en materia de análisis del cómputo de penas por reincidencia, adecuando el texto bonaerense a la legislación nacional, y agrega la obligatoriedad de realizar audiencias preliminares para el tratamiento de la prisión preventiva ante el requerimiento de las partes.
La modificación al Código Procesal Penal se produce en la víspera de la lectura del veredicto en el juicio por el crimen del ingeniero Carlos Regis, asesinado a balazos en julio de 2008 por delincuentes que entraron a robar a su casa de Beccar y también balearon en el rostro a su hija.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro dará a conocer hoy el fallo y si los jueces avalan el pedido de los fiscales los imputados podrían ser condenados a la pena máxima del Código Penal: prisión perpetua.
El caso tuvo mucha repercusión no sólo por el homicidio, sino porque luego se determinó que uno de los presuntos asesinos había sido excarcelado por el cuestionado juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari, y el otro, por su par Esteban Rossignoli.
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