Fallo habilita embargo por indexación a jueces

Julio Cobos

El inminente accionar de los jueces indexatorios sería la respuesta al dictamen de la Corte Suprema de la Nación que se pronunció sobre el «per saltum» presentado por el gobierno provincial. En una escueta resolución la Corte declara «inadmisible el recurso extraordinario interpuesto (por Mendoza)» y devuelve el expediente a la órbita provincial.

Sin dudas, el fallo impacta negativamente sobre la provincia y explica el cónclave urgente que ayer se concretó entre el Fiscal de Estado y el ministro de Gobierno,Sergio Marinelli, en un intento desesperado por frenar el inminente embargo. El gobernador recibió la novedad desde Buenos Aires, horas después de sumarse, con otros gobernadores, al anuncio de Néstor Kirchner sobre la propuesta de reforma educativa. El dato opacó además el «premio» que Kirchner le había reservado a su potencial vice en la carrera por la reelección: ayer lo ungió a Cobos con el cargo de titular de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, luego de alistar a los mandatarios de provincias productoras para que avalen la candidatura del mendocino. Por eso, en público, el gobernador se mostró satisfecho con la designación, pero internamente mascullaba por el impacto del fallo.

En marzo pasado, el gobierno de Cobos negoció con los 153 jueces « indexatorios» que insistían con la amenaza de embargar las cuentas públicas, pese a la reforma del artículo 151 de la Constitución provincial, que derogó la indexación a jueces, luego de un plebiscito que el gobernador impuso en octubre 2005 para encontrar el respaldo de la ciudadanía.

El gobierno del radical se sentó a discutir a comienzos de este año con la Corte Suprema de la provincia y la Asociación de Magistrados de Mendoza una eventual salida al conflicto que concluyó, en marzo, con la firma de un convenio que otorgó un incremento salarial de entre 15% y 21%, inversamente proporcional a la antigüedad, a los jueces «indexatorios» que desistieran de trabar embargo contra el Estado, aunque no los obligaba a desistir del litigio. Al convite oficial se sumaron unos 70 jueces « indexatorios», los más jóvenes. Pero otros 83 magistrados, los de más antigüedad, se mantuvieron en una postura intransigente y, para complicar más al gobierno, se presentaron a la Justicia exigiendo ser alcanzados también por el incremento salarial bajo el justificativo de «igual trabajo, igual remuneración».

Con el fallo conocido este martes, la Corte Suprema de la Nación eludió un pronunciamiento de fondo y devolvióla causa a la provincia, específicamente, al juzgado de origen, el decimoquinto en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción. Pretende así que se cumplan todos los plazos procesales que exigirá ahora la conformación de un tribunal de cámara de conjueces para que se resuelva la cuestión en el orden local.

Mientras se transitan estas instancias, los magistrados «indexatorios» quedan habilitados a confiscar las cuentas del Estado. Desde la provincia, el vicegobernador Juan Carlos Jaliff, que fue ministro de gobierno de Iglesias, cuando se desató el conflicto, apelaba anoche a la «prudencia» de los jueces «indexatorios». Aludía Jaliff a otro fallo de la Corte de la Nación, de marzo pasado, que evaluó improcedente la indexación salarial en una causa iniciada en la provincia de Entre Ríos. El máximo tribunal había interpretado para el caso entrerriano que se habían completado todos los plazos procesales y los magistrados se vieron obligados a devolver la indexación cobrada.