Grave asalto de gremialistas a comisaría: policía muerto

A la muerte del efectivo se sumó, en misterioso episodio, la aparición del cuerpo del cuñado del secretario general del gremio petrolero, Héctor Segovia. Se trata de Alejandro Paisman Vera, cacique de la comunidad Tehuelche, cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja, con un golpe en la cabeza, moretones en los brazos y cubierto con una chapa. Anoche, los manifestantes se replegaron a la vera de la ruta esperando la llegada de Gendarmería Nacional. El gobernador Sergio Acevedo decretó tres jornadas de duelo en el ámbito provincial y anunció, en conferencia de prensa, que «la paz social es innegociable». Además, trascendió que el ministro de Gobierno, Claudio Dalle Mura, sería removido de su cargo en las próximas horas.
Al retorno de sus vacaciones, Acevedo hizo pública su decisión de cortar el diálogo con los activistas: «Se trata de un tema estrictamente judicial». Para «evitar sangre», acordó la detención del cabecilla del bloqueo, Navarro, en un lugar «neutro», lejos de la ruta, y obligó a los uniformados a entregar todas las armas de guerra. Aun así, Acevedo hizo prevalecer su política de «mano dura», como ex titular de la SIDE, contrariando la estrategia del presidente en el nivel nacional.
El dirigente piquetero Luis D’lía, alineado con el kirchnerismo, condenó los hechos y dijo que fueron provocados
por «grupos seudotrotskistas». D’lía, que asumirá un cargo en el Ministerio de Planificación Federal y está procesado por la toma de una comisaría en La Boca, calificó a los violentos de «estúpidos» y evaluó que «quienes fueron a la manifestación con armas de fuego tenían la idea previa de usarlas».
Los hechos se iniciaron hacia las 23.30 del lunes, cuando dos efectivos de la Policía provincial detuvieron a Navarro, de 52 años, a la salida de la radio «FM Soberanía». Navarro había ido a la emisora para alertar a los vecinos sobre el pedido de detención que, esa jornada, la Justicia había dispuesto sobre su persona por bloqueo de la vía pública. Hacia la madrugada, vecinos y activistas se movilizaron a la alcaidía para exigir la liberación del petrolero.
 Batalla campal
Celular en mano, el petrolero dialogó con el concejal PJ de esa comuna, Teodoro Camino, para frenar la ira. Pero sus seguidores ya se habían trenzado en una batalla campal con la Policía: balas de goma y gases lacrimógenos versus proyectiles de plomo, piedras y palos (adentro, 50 presos presenciaban la furia desatada). Navarro abandonó la alcaidía con las manos en alto. Afuera el caos: el oficial subinspector de la Policía, Jorge Alfredo Sayago, moría a raíz de un golpe recibido en la cabeza y un disparo en la espalda. ¿Preveían este desenlace?, le preguntó este diario a Navarro en diálogo telefónico. «Cuando se llega a una situación como la nuestra, no hay retorno. Pero no preveíamos que pudiera pasar algo así», ensayó el petrolero. Denunció Navarro «infiltrados mandados por el Sindicato del Petróleo para perjudicar a los manifestantes» (ayer, 8 balas atravesaron el frente de la vivienda del dirigente sindical del petróleo, Abel Schiuffi, en Caleta Olivia). El gobierno provincial evaluó que los «infiltrados» provenían del Polo Obrero, que el último fin de semana llegó a Las Heras para dar su respaldo. Desde Buenos Aires, organizaciones de izquierda y piqueteros duros anunciaron para hoy una marcha desde el Obelisco hasta la Casa de Santa Cruz, en 25 de Mayo y Sarmiento, para repudiar los hechos.
Para comprender el origen del conflicto hay que remontarse a la madrugada del 23 de enero, cuando unos 500 trabajadores afiliados al Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Santa Cruz y a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, en disidencia con la conducción gremial, comenzaron una protesta por tiempo indeterminado. La medida de fuerza se inició cuando un grupo de manifestantes ingresó a punta de pistola en las plantas de bombeo cercanas a Las Heras exigiendo desalojar el predio. De inmediato, otro grupo encabezado por Navarro y Francisco Marín se apostó sobre las rutas 42 y 43 (que unen Caleta Olivia-Las Heras-Perito Moreno) y sobre los caminos petroleros 16 y 18 (que unen yacimientos), bloqueando la circulación de unidades vinculadas con el sector.
El martes 24, hacia las 20, la principal operadora de la zona, Respsol YPF, ordenó cerrar las válvulas de las plantas y frenar la producción por los riesgos potenciales que acarreaba la toma del predio por parte de los afiliados disidentes. En paralelo, la magistrada subrogante del Juzgado de Instrucción de Pico Truncado, María Asunción Santini, libraba el miércoles un oficio, en respuesta a una denuncia penal presentada por Repsol YPF, y disponía el desalojo de las rutas y el normal funcionamiento de las plantas. La orden de desalojo se hizo efectiva hacia las 9 del jueves 26 y se fijó un plazo de 12 horas para su cumplimiento. Se dispuso entonces el traslado de efectivos de la Gendarmería Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía provincial. Vencido el plazo, los activistas seguían apostados en los piquetes y el gobierno provincial intentó abrir una negociación para asegurar «la paz social». El vice de Acevedo, Carlos Sancho instruyó entonces al ministro de Gobierno, Della Mura, y a la subsecretaria de Trabajo, Elsa Capuchinelli, para que se trasladaran a la zona. La comitiva oficial habilitó una mesa de negociación el viernes, que pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 6. Los activistas exigían un imposible desde el punto de vista legal: que las operadoras o el gobierno provincial «absorbieran» el Impuesto a las Ganancias hasta que la Nación atendiera los reclamos de los Sindicatos del Petróleo y de la CGT regional que, entre el 1 y 3 de este mes, «intimaron» a Kirchner a dar una solución en un plazo de 30 días (el cónclave de petroleros se mudó de Caleta Olivia, Santa Cruz, a Comodoro Rivadavia, Chubut, para «despegarse» del conflicto de los disidentes).
Hacia el miércoles 25 de enero, el piquete se había extendido a Pico Truncado, distante 120 kilómetros de Las Heras, paralizando los yacimientos de Caloi Coike y bloqueando además la Ruta 12. El impacto de la medida se multiplicaba. En el sector privado, los perjudicados eran 3 operadoras (Repsol YPF, PanAmerican Energy y Vintage) y 4 contratistas locales; pero las cámaras de Empresas de Servicios y de Comercio, Industria y Producción daban cuenta del efecto negativo sobre la economía regional. Desde el sector público, la provincia dejaba de percibir las regalías hidrocarburíferas, y el gobierno nacional, las retenciones a las exportaciones y el Impuesto a las Ganancias que tributan las operadoras. A los daños materiales -las operadoras llevan perdidos unos u$s 35 millones- se sumaban los ambientales, por los derrames de petróleo que provoca la presión natural del crudo, que hace saltar las válvulas de los yacimientos.