5 de septiembre 2003 - 00:00
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En la presentación -ante el Juzgado de Instrucción 2 de Paraná-, el organismo advierte que, «previo a presentarse ante el fisco aduciendo iliquidez, los empresarios habían retirado a cuenta de utilidades más de 600.000 pesos y desafectaron, sin destino conocido, ganancias reservadas por más de $700 mil». Y agrega que «47 días después de haber formulado ante el gobierno la cancelación de impuestos, los empresarios transfirieron 66% de sus cuotas sociales» a un grupo empresarial.
Saneamiento
La FIA asegura allí, además, que la empresa había pedido que el gobierno le permitiera «lograr el saneamiento impositivo al menor costo posible», pero concluyó en que esa solicitud «no se encuadra en ninguno de los modos legales previstos para la extinción de las obligaciones tributarias».
En rigor, la denuncia alcanza, además, a tres ministros entrerrianos y a un asesor económico. Ayer, uno de los funcionarios aludidos, el titular de Hacienda, Oscar Berón, defendió la legalidad del trámite.
Berón dijo que el expediente por el cual la provincia aceptó las seis unidades fue iniciado en 2001 y que concluyó en agosto de este año con la autorización otorgada por un dictamen de la Fiscalía de Estado. Y explicó que el gobierno provincial consideró favorable la propuesta de la empresa a partir de un dictamen de la Dirección General de Rentas sobre la situación económica financiera de la firma. Además, afirmó que las objeciones fueron subsanadas y desmintió que los ómnibus estuvieran prontos a ser dados de baja.




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