Grave: Justicia inmovilizó cuentas mendocinas

El Ejecutivo de Mendoza ya hizo una presentación ante la Corte provincial para que se expida en el tema. Alegan que el bloqueo dispuesto por el juez Luis Plana a las cuentas de la Tesorería General desconoce dos cuestiones: la Constitución provincial prohíbe la embargabilidad de cuentas del Estado, ya que no se trata de un particular; y ya existe una ley que establece que las acciones estatales de empresas privatizadas (unos $ 100 millones) sirven como garantía ante casos de este tipo.El gobierno del radical Roberto Iglesias también pidió el juicio político contra Plana ante el Colegio de la Magistratura. Mismo camino seguiría la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), que manifestó que Plana está «protegiendo los derechos de unos pocos», porque beneficia a un grupo de trabajadores judiciales, de la Dirección General de Rentas y de la Educación, pero perjudica a los proveedores de la provincia.
Aún así, en la tierra cuyana no confían en que la Comisión de Acusación se expida contra el magistrado opositor.
El pasado 4 de abril Plana determinó el bloqueo de todas las cuentas de la Tesorería General de Mendoza, junto a un embargo de $ 4.410.000 contra el Estado. El móvil es el pedido de devolución a unos 1.500 empleados públicos judiciales de 7,5% que el Poder Ejecutivo recortó el año pasado a todos los sueldos de los estatales para cumplir con lo acordado con Nación.
Esta maniobra paralizó las 14 cuentas recaudadoras de Mendoza, que son las encargadas de derivar los fondos a otras 2.000, a través de las cuales se realizan todos los pagos estatales, como proveedores, transferencias a municipios, hospitales, escuelas, comisarías, etc.
Preocupa al gobierno mendocino el hecho de que la semana próxima -que sólo tiene tres días hábiles- comenzaría a escasear el dinero en las cuentas pagadoras, que ahora tienen cerrado el grifo de las recaudadoras.
En lo que a sueldos respecta, a partir de hoy comenzará a pagarse 30% en bonos Petrom, como es habitual, pero se aguarda impacientemente la solución del conflicto para completar el otro 70% en pesos.
Si bien hasta ahora se plantea que el embargo es por una suma menor ($ 4,4 millones), en caso de que se sumen todos los empleados estatales al reclamo de los judiciales por la restitución de 7,5%, el mismo ascendería a unos $ 70 millones. Antes de ayer ya hubo una manifestación de ATE, pero hasta el momento no hubo una avanzada de este sector en el plano judicial.