Iglesias redujo penas

La medida decretada por Iglesias se dio en el marco de la rebaja de penas para otros 63 presos mendocinos, que recibieron un acortamiento de penas por entre uno y nueve meses. Ya en vísperas de la anterior Navidad el gobernador de Mendoza había concedido rebajas de penas para varios reclusos. De hecho, la disminución de penas para fin de año es una práctica común en varios mandatarios.Por su parte, según informó a la prensa local el secretario legal y técnico de la Gobernación, Claudio Romano, el gobernador entrante, Julio Cobos (asume hoy), firmará antes de fin de año la reducción de condenas para otros 60 internos más. Estos beneficios tienen por objeto tranquilizar los ánimos en el ambiente carcelario en lo que se refiere a los reclusos, muy propensos a los motines en esta época del año, así como también eliminar focos de conflicto que puedan ser aprovechados por el personal de la Penitenciaría de Mendoza, que estaría atravesando una situación de crisis interna.
En lo que respecta a Sosa, de 23 años, podrá ahora ingresar en el régimen de libertad condicional dentro de un poco más de dos años, cuando cumpla dos tercios de su condena reducida, de siete años y seis meses.
La joven había sido condenada por la Justicia provincial a 15 años de prisión el 25 de noviembre de 2002 por matar en marzo de 2001 a su marido, el policía provincial Eduardo Quiroga, de un disparo en la nuca, mientras éste dormía en la casa que ambos compartían en la localidad de Luján de Cuyo.
Los argumentos esgrimidos en su momento por Iglesias para justificar una acortamiento de la pena señalaban que el dictamen judicial «había tomado en cuenta los agravantes, pero ninguno de los atenuantes» del caso. En su defensa, la acusada sostuvo que sólo había querido asustar a su pareja y que éste le causaba constantes vejaciones. «Me golpeaba, me violaba y me amenazaba de muerte poniéndome el revólver en la cabeza e introduciéndome el caño del arma en la vagina. Mientras me sometía, miraba películas pornográficas y me dejaba en casa encerrada bajo llave. Nunca tenía dinero y me obligaba a pedirles a mis padres», había esgrimido ante el tribunal durante el juicio.
Por su parte, la familia de la víctima se mostró muy descontenta con la decisión de Iglesias y aseguró que sólo fueron escuchadas las versiones de Sosa y de las organizaciones de derechos humanos que la defendían.