Intiman a develar fondos en exterior

La presentación fue hecha el 9 de setiembre, respondiendo a un dictamen emitido en julio por el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, en el que se daba fe de que los fondos depositados en el extranjero redondeaban u$s 507 millones, pero no se tomaban en cuenta las operaciones ocurridas entre 1993 y 2003, durante el mandato de Kirchner.La postura de la UCR santacruceña apunta justamente a que, aseguran, durante la «década kirchnerista» los activos provinciales provenientes del cobro de regalías petrolíferas mal liquidadas de la ex YPF alcanzaron, sumando intereses, cerca de u$s 1.200 millones.
Hasta el momento, el oficialismo defendió su posición asegurando que unos u$s 600 millones habrían sido repatriados en los últimos 5 años y luego sumados al Presupuesto local, pero la UCR exige que se presenten documentos sobre estas transferencias y ahora cuenta con el aval de la Justicia.
El fallo del juzgado provincial de primera instancia N°1, a cargo de la jueza subrogante Claudia Guerra, fue emitido el 15 de este mes y otorga a Prades el «derecho a acceder a la información pública que pretende en torno a recibir información, fidedigna, adecuada, suficientemente documentada y exacta acerca de la evolución y del destino dados a los fondos públicos provenientes de las regalías petrolíferas mal liquidadas, brindándose completo detalle de las cuantías recibidas del gobierno nacional, inversión, aplicación, adquisiciones y ventas de acciones de YPF SA».
A su vez, también exige brindar información sobre «la colocación de dichos fondos en bancos y/o entidades financieras del país y del exterior, suministrando el nombre y la dirección de las cuantías giradas, comisiones pagadas, personas habilitadas para las operaciones, los intereses ganados y el más completo detalle de los movimientos efectuados desde el pago de tales importes hasta la fecha de presentación de este recurso».
La UCR anota el fallo como un éxito. «Es el inicio de un camino que terminará con el misterio de más de una década de discrecionalidad encubierta por todos los poderes públicos de Santa Cruz, sometidos al Poder Ejecutivo», declaró Prades. Se trata de «información cuidadosamente ocultada por Kirchner, celosamente protegida por funcionarios temerosos, encubierta por la sometida mayoría oficialista de la Legislatura, tapada por fiscales y jueces adictos y por la mayoría del Tribunal de Cuentas», castigó.