20 de marzo 2003 - 00:00
Investigan beneficio a Tierra del Fuego
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Ayer, el radical mendocino Raúl Baglini y el demócrata santafesino Alberto Natale presentaron pedidos de informe y comenzaron una investigación acerca de por qué el gobierno lanzó un sistema de promoción sin calcular costos ni estar previsto en el Presupuesto 2003 y cuando, en realidad, no tiene facultades para hacerlo por decreto.
Es cierto que Tierra del Fuego no fue el único caso: en la lista de irregularidades hay que incorporar los casos de estafas al Estado por diferimientos impositivos y otras promociones en, por caso, Catamarca, San Juan, San Luis y La Rioja, una época que hasta ahora aparecía sepultada después de que en varias ocasiones se fue acotando y finalmente eliminando la operatoria.
El proyecto que presentó Natale le pide al gobierno nacional explicaciones sobre los fundamentos por los que se firmó el decreto y el motivo y los alcances de esa norma. Además recuerda que la Ley de Presupuesto 2000 ya había clausurado definitivamente la presentación y aprobación de nuevos proyectos de promoción industrial.
Los diputados provinciales también se preguntaron por qué Roberto Lavagna no firmó el decreto, siendo el ministro del área que debió intervenir.
Dentro del pedido de informes quedó clara la desconfianza de los legisladores, y por eso preguntaron «por qué se autoriza y cuáles serán los efectos de la readecuación de valores relativos a los compromisos» contraídos en el Decreto 490/03. Es claro también que la rehabilitación de cupos de promoción en Tierra del Fuego sentará un precedente para que otras provincias pidan un tratamiento similar.
Otro de los puntos centrales de la crítica de los legisladores es el cálculo inexistente sobre el costo fiscal de la promoción que se establece para Tierra del Fuego, tomando en cuenta que el decreto admite la extensión de los beneficios a otros productos y que el Presupuesto 2003 no contempla en ningún momento la posibilidad de cubrir ese costo.
También fue puesto bajo la lupa el artículo 9 del decreto que dispone la caducidad de las fiscalizaciones y sumarios iniciados por incumplimiento de las obligaciones de producción mínima, inversión comprometida y personal mínimo.
La violación del cumplimiento de esas variables ha constituido en muchos casos el centro de las investigaciones por fraudes multimillonarios en los planes de promoción, dentro de los cuales Tierra del Fuego siempre ha estado a la cabeza.




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