Justicia estrena reforma

Buenos Aires - La reforma judicial recientemente aprobada por la Legislatura comenzó a ser implementada en los tribunales provinciales. La intención es que rápidamente pueda ponerse en marcha esta norma para descomprimir a la Cámara de Casación penal y darles mayor celeridad a los procesos.
Actualmente, la Cámara de Casación -máxima instancia penal de la provincia- está compuesta por 3 salas de 3 jueces cada una, que se encargan de revisar procesos de los tribunales inferiores. En toda la Cámara hay un total de 7.000 causas que aún no tienen definición, lo que no sólo provoca demora, sino también la caída de muchas de ellas por prescripción.
En este sentido, la modificación impulsada por el gobernador Daniel Scioli propuso la creación de 5 salas más para descomprimir al tribunal y darles mayor rapidez a los procedimientos. Además, con esta nueva ley, Casación sólo velará por aquellas causas que ya han pasado por un tribunal oral, es decir, el juicio.
De ahora en más, tramitaciones como excarcelaciones, hábeas corpus y planteos de incompetencia serán tratados directamente por las Cámaras de Apelaciones de cada jurisdicción. Con la reforma, el tribunal de Casación tiene un plazo de 6 meses para resolver una causa, prorrogables por otros 6 con fundamento.
Esta nueva ley se diferencia de la propuesta por el ex gobernador Felipe Solá, quien pretendía eliminar Casación, lo que generó fuertes críticas en el interior del Tribunal y en la Justicia en general, que afirmaban que se reducían las garantías procesales de las personas.
En tanto, el dato saliente de las iniciativas transformadas en ley por ambas cámaras es que se otorgan mayores atribuciones a la Suprema Corte y se veda la llegada de apelaciones a este alto tribunal en el caso de delitos con penas de no más de 10 años de prisión.
Asimismo, otra de las medidas es incorporar en todo el territorio bonaerense el sistema de flagrancia, por el cual en 60 días se resolverá la situación procesal de aquellos que cometan delitos «in fraganti», es decir, «con las manos en la masa», según la definición del ministro de Justicia, Ricardo Casal.
Este sistema ya funciona desde 2005 en la ciudad de Mar del Plata y luego se empezó a aplicar en Bahía Blanca, Junín, Morón, Necochea, Pergamino, La Matanza, San Martín y Trenque Lauquen, entre otras localidades.
Otra de las iniciativas, que cada vez toma más forma, es la llamada descentralización de las fiscalías. En este caso, pese a comprender a un determinado departamento judicial, se trata de acercar el ministerio público -representante de la sociedad- a los distintos barrios.