5 de febrero 2003 - 00:00

La Corte prevé 8 remates en Santa Fe

La movida más inminente se da en territorio santafesino, donde -luego del fin del período de no ejecuciones hipotecarias dictado por el gobierno nacional- la Suprema Corte de Justicia local tiene agendadas 8 subastas para este mes, según reconoció ayer la jueza Angélica Gastaldi, integrante del máximo tribunal provincial.El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Carranza, aseguró a Ambito Nacional que el gobierno de Carlos Reutemann ya estudia la manera de mitigar el efecto sobre los deudores de la provincia, aunque aseguró que «el problema de fondo sólo tendrá solución de acuerdo con lo que decrete Duhalde», quien dispondría una mediación voluntaria y no obligatoria como lo piden los deudores.
La idea es
reformar el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe para ampliar las atribuciones del juez en los casos donde se deban realizar ejecuciones. De esta forma, el magistrado podría llamar a licitación pública de los bienes en lugar de rematarlos.
«Si bien esto descomprimiría la tensión generada por los remates -donde hay presiones y situaciones conflictivas-, el deudor pierde igual», reconoció Carranza.
Por su parte, la integrante del máximo tribunal santafesino
Gastaldi precisó que los remates en la provincia suman en total 70 y que los de carácter hipotecario son tan sólo 8 para febrero. «De esas subastas hay un porcentaje muy grande de vehículos y bienes; de inmuebles hay un porcentaje mucho menor», sostuvo la ministra de la Corte.
Por otra parte, dijo que éstas «son
fechas de subastas, lo cual no significa que se vayan a concretar, porque evidentemente se fija una fecha para que se puedan preparar todos los trámites».
Gastaldi sostuvo que «históricamente» los remates apenas superan
un tercio de los fijados inicialmente. «Nosotros tenemos un grado de concreción de las subastas fijadas de aproximadamente 30 por ciento», afirmó la jueza. En Mendoza -donde hay unos 7 mil deudores comprometidos- legisladores provinciales se reunirán hoy con el presidente de la Suprema Corte local, Pedro Llorente, para negociar la conformación de un cuerpo de mediadores de la Justicia que asistirá a los deudores.
En tanto, el diputado demócrata
Gustavo Gutiérrez presentó un proyecto que llevará al Congreso nacional, que consiste en que los bancos transfieran al Banco Central las carpetas de los deudores como forma de pago por los redescuentos recibidos de parte de la entidad en los últimos tiempos. Esto permitiría que un ente estatal (el Central) se haga cargo de reestructurar las deudas de los propietarios de viviendas y de pequeños inmuebles.

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