Lapidario informe del BID cuestiona gestión de Verani

El organismo internacional, a pedido de la provincia, estudia si le otorga un desembolso de u$s 50 millones para reconvertir la economía local. En ese marco, hizo un mapa detallado de la administración rionegrina, con críticas y advertencias que plantean objetivos estrictos tanto a Verani como a futuros gobiernos. Parten los técnicos del organismo de recordar que cuando la provincia recibió ayuda para reformular su aparato público, «el Banco Mundial concluyó en que faltó más determinación política en un período electoral nacional», debido a que superó en u$s 132 millones el endeudamiento máximo . Para colmo -dice el informe-, los intentos por recaudar más a partir de un crecimiento de la economía interna chocaron con áreas del gobierno que, diseñadas para apoyar a los sectores productivos, «no han sido objeto de reforma, excepto por la disminución del personal».
Una de las observaciones más crudas del informe deja al descubierto que, a pesar de la voluntad local de reformular el Estado, «se observa personal sin responsabilidades cla-
ras (a veces superpuestas)
y funciones institucionales para las que no hay perso-
nal designado».
Ahora, cuando se está a las puertas de firmar el acta final para el desembolso del crédito, sobrevuelan las mismas presiones ya advertidas por el Banco Mundial y que surgen en un contexto electoral.
Otro punto: la posible suba de sueldos pú blicos puede comprometer la condición planteada por el BID para inyectar los u$s 50 millones en el turismo y la fruticultura provincial. El organismo internacional de crédito es claro al pedir «equilibrio corriente (de gastos) y manejo sostenible de la deuda pública en el mediano plazo».
Si bien el informe señala que el punto de partida para la gestión del radical Verani es poco menos que nefasto si se tiene en cuenta que «en 1995 Río Negro era una provincia en crisis, con un déficit de 45% de los ingresos corrientes, y una deuda de u$s 600 millones, equivalente a 130% de los mismos ingresos corrientes», se destaca que la actual gestión tuvo dificultades para hacer los deberes de ajuste como se los pedían.
En 1997 el gobierno acordó el Programa de Reforma Provincial 2 (PRL2) con el Banco Mundial (que dispuso entregar u$s 75 millones). Según el BID, «se ejecutaron las actividades previstas, pero no se cumplieron todas las metas deseadas. Los alcances logrados son la reducción de personal, contención del gasto público y mejoras normativas; mientras que no se cumplió con la meta de nivel de endeudamiento».
Se señala que «una de las metas más importantes era que la deuda provincial debería llegar a un máximo de u$s 815 millones en 1998, monto que incorporaba la privatización del Banco de Río Negro; pero en 1999 la deuda llegó a u$s 947 millones». Resultado: en 2000 el Banco Mundial y Río Negro cancelaron la operación sin desembolsar el tercer tramo y el Banco Mundial concluyó en que «faltó más determinación política en un período electoral nacional».
En tanto, la provincia se limitó a culpar a la recesión iniciada a fines de 1998 señalando que la falta de reactivación se tradujo «en menores transferencias federales que lo proyectado para 1999, sumado a un incesante incremento del riesgo-país y de las tasas de interés para financiar la deuda».