Tras la aprobación del Presupuesto y la Ley Impositiva 2026, la Legislatura bonaerense enfrenta este viernes una jornada crucial con la continuidad del cuarto intermedio hasta las 10 de la mañana, aunque se prevé que las negociaciones se extenderán. En juego está la ley que autoriza al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por hasta $3.035 millones de dólares (que el Ejecutivo busca complementar con otros $500 millones para empresas estatales como Aubasa y ABSA), un monto considerado imprescindible para la ejecución de los gastos previstos para el próximo año.
28 de noviembre 2025 - 09:00
Legislatura: las negociaciones por la deuda en Buenos Aires continúan en un clima de desconfianza
Está convocado a sesionar el parlamento bonaerense. El oficialismo necesita dos tercios para autorizar un endeudamiento superior a los u$s3.000 millones, pero persisten las trabas internas y con la oposición. El reparto a los municipios y los cargos en el BAPRO, en el centro del tironeo.
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La legislatura bonaerense, convocada a sesionar este viernes.
Sin embargo, el consenso necesario para esta ley, que requiere el voto de los dos tercios de ambas cámaras, se mantiene esquivo. Las expectativas en el oficialismo de que el proyecto se apruebe en esta instancia son muy bajas, y señalan que cualquier acuerdo bajo "extorsiones no va a salir". La desconfianza impera no solo entre el oficialismo y la oposición, sino también dentro de las propias bancadas.
Los puntos de fricción que complican el acuerdo
La negociación se traba en dos ejes centrales que conjugan la necesidad de financiamiento con la puja de poder: el Fondo para Municipios y su distribución y el reparto de cargos.
El Gobierno provincial propone coparticipar el 8% del endeudamiento para los municipios, que representa más de $340.000 millones. El punto de conflicto no es el monto, sino cómo se distribuirá: mientras el Poder Ejecutivo propone utilizar el Coeficiente Único de Distribución (CUD) o una fórmula mixta que lo integre con los ingresos, algunos miembros de la Legislatura buscan que los fondos se destinen al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (Profide). Afirman que ese mecanismo permitiría a los municipios presentar sus proyectos a la Legislatura para obtener su aval y los recursos, lo que el Ejecutivo considera una intromisión en sus facultades.
En paralelo, jefes comunales de distintos espacios políticos exigen la garantía de esos recursos, argumentan que están "asfixiados" y necesitan afrontar pagos inmediatos de salarios y aguinaldo.
El otro gran foco de tensión pasa por el reparto de poder, especialmente en puestos clave como el directorio del Banco Provincia (BAPRO). El Gobierno bonaerense está dispuesto a elevar el número de directores de 8 a 12, una jugada que ampliaría su representación y serviría para ordenar acuerdos internos. La oposición (PRO y UCR) busca asegurar la renovación de sus lugares y sumar nuevas sillas, pero exige compromisos por escrito antes de acompañar la deuda.
A ese desacuerdo político se suma una discusión jurídica: mientras un sector plantea que la ampliación requiere una ley aprobada por la Legislatura, otros sostienen que bastaría con una resolución del propio directorio para modificar la Carta Orgánica del banco, sin pasar por las cámaras, lo que alimenta las suspicacias cruzadas sobre la maniobra y sus alcances.
Paralelamente, sectores del macrismo y el radicalismo presionan para que se designen las vacantes en la Suprema Corte de Justicia y obtener al menos dos de las cuatro sillas vacantes. El Ejecutivo ya avisó que esa discusión quedará para más adelante.
El dilema de la interna y la oposición
La aprobación del Presupuesto y la Ley Fiscal se logró con una postura unificada de Unión por la Patria (UxP), aunque la mayoría simple alcanzada no es suficiente para habilitar la deuda. Dirigentes de Fuerza Patria, La Cámpora, el massismo y los intendentes coinciden en un diagnóstico: la desconfianza es total.
Por caso, el presidente del bloque, el camporista Facundo Tignanelli, desmintió ayer públicamente las versiones de una interna que trabe el proyecto, y aseveró que "todo el peronismo está trabajando para que salga el financiamiento".
Sin embargo, la necesidad de los dos tercios obliga a UxP a requerir votos de la oposición (necesitan 24 diputados y 10 senadores por fuera del peronismo). En simultáneo, el bloque peronista hizo ayer una "exhortación" pública, pidiendo una "actitud responsable de toda la oposición" para acompañar la Ley de Financiamiento.
En ese escenario, la discusión se empantana en la interna del PRO y su tensión con La Libertad Avanza (LLA). Los libertarios del presidente Javier Milei rechazan el endeudamiento por considerarlo incompatible con el déficit cero y vigilan cada movimiento del PRO para responsabilizarlos si avalan la toma de deuda que impulsa Kicillof.
Además, LLA rechaza de plano la ampliación de sillas en el directorio del BAPRO: entienden que aceptar más cargos políticos es una señal de “casta”. La situación coloca al PRO en un tironeo doble: necesita negociar lugares y fondos para municipios, pero cada gesto que acerque un acuerdo con el peronismo puede ser usado por LLA para cuestionar su lealtad.
En el medio de esa puja, la negociación fina quedó en manos del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, dos operadores con llegada directa a los intendentes y que buscaron ordenar demandas dispersas durante toda la jornada del jueves.
Un cierre abierto y conversaciones que seguirán
Aunque el cuarto intermedio está pautado para hoy a las 10, en todos los bloques admiten que las conversaciones se prolongarán. El escenario más probable es que el tratamiento siga durante el fin de semana y que, de no haber acuerdo, pase directamente al martes, ya en sesiones extraordinarias y con una nueva composición legislativa en puertas, donde LLA tendrá un peso mayor.
En el Ejecutivo bonaerense no disimulan la preocupación: “Sin ley de endeudamiento, el Presupuesto es imposible de cumplir”, insisten cerca del gobernador y recuerdan que en 2026 vencen casi USD 1.000 millones que deben ser refinanciados.
Con el fondo municipal sin cerrar, los cargos todavía en discusión y una oposición dividida entre su estrategia institucional y las presiones libertarias, la sesión de hoy se anticipa extensa y sin un desenlace asegurado. El clima es de máxima tensión y nadie descarta que la negociación termine empujada hacia la próxima semana.
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