Mendoza - El Gobierno de Celso Jaque descartó la posibilidad de estatizar el servicio de agua en la provincia, en medio del proceso de intervención que se sigue sobre la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OMS) que desde hace once años operan la francesa Saur International, la mendocina Vila y el grupo nacional Sielecki.
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A cambio, la administración cuyana y el Consejo Asesor de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento analizan cómo llevar adelante un nuevo proceso de concesión, una vez que haya concluido el plazo de 180 días dispuesto por Jaque para revertir las deficiencias del suministro de agua potable.
En simultáneo avanzan también las acciones judiciales sobre los antiguos concesionarios, y se planea iniciar una nueva auditoría sobre el conjunto de empresas -que asumieron el control durante la gobernación del justicialista Arturo Lafalla-, para completar las revisiones realizadas en los años que estuvo a cargo del servicio de aprovisionamiento de agua corriente para uso doméstico.
En el plano político, fuerzas opositoras -lideradas por el CONFE del díscolo vicepresidente radical Julio Cobos y el Partido Demócrata- expresaron públicamente su alineamiento con las decisiones oficiales en esta materia. Es quizás la primera vez desde la asunción del justicialista Jaque que el oficialismo y la oposición coinciden plenamente en una acción de gobierno.
En este sentido, el superintendente del Departamento Provincial de Irrigación, Eduardo Frigerio, ratificó en diálogo con Ámbito Nacional que «están todos de acuerdo con las medidas tomadas».
Según el representante del ente autárquico provincial, la empresa fue intervenida, entre otras cosas, por incumplimiento del contrato convenido con el Gobierno mendocino, reiteradas fallas en el suministro del agua y la desinversión que llevó el servicio al colapso.
Asimismo, el funcionario subrayó que la concesionaria contrajo una deuda de más de $ 800 mil con el estado mendocino por el uso del recurso hídrico.
«El Departamento de Irrigación distribuye el agua por el territorio provincial y registra los usos asignados», explicó el funcionario. «La concesionaria se encarga de los tratamientos de potabilización para su posterior comercialización, pero desde hace aproximadamente cuatro meses no paga por el recurso utilizado», agregó.
De todas maneras, Frigerio se preocupó en resaltar que la deuda que el conjunto de firmas a cargo de Obras Sanitarias Mendoza contrajo con la provincia no fue el motivo de la intervención. Según sus palabras, el crítico estado en el que se encuentra la empresa, que derivó en cortes de abastecimiento en gran parte de la provincia, es la principal causa.
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