Mendoza: ordenaron detener a funcionario

Desde el gobierno de Roberto Iglesias entienden que la cuestión ya es una «cruzada» de la Justicia en su contra, con mucho tinte político y electoralista. Desde ayer consensúan con la oposición qué pasos seguirán en el marco de esta creciente disputa de poder.
Por error

En lo que respecta a la detención de Gallego, duró poco y según el oficialismo fue dictada por error, ya que la causa original contra el Estado -iniciada tras el recorte de 7,5% a los salarios de empleados públicos que cobran más de $ 500- es contra el gobernador y el Ministro de Hacienda Enrique Vaquié.
Mientras tanto, continúa desde hace diez días el embargo a todas las cuentas de
la Tesorería provincial, por
$ 4,4 millones, dispuesto por el juez civil Luis Plana y fundamentado en que el gobierno debe devolver el recorte salarial aplicado a 1.500 empleados judiciales.
Para aumentar el dolor de cabeza de Iglesias, el embargo subiría ahora a $ 75 millones, ya que al reclamo de los judiciales se sumaron el resto de los estatales agrupados en SUTE, Citravi y ATE, gremios que hoy seguirán protestando con paro y movilización.
El Tribunal de conjueces de la Corte se declaró incompetente el viernes pasado para entender en la apelación presentada por el Ejecutivo para levantar los embargos, por lo cual 70% en pesos de los sueldos de los empleados públicos debería esperar hasta la próxima semana (ya se pagó el resto en bonos Petrom). En esa fecha, la provincia ya contará con fondos provenientes de regalías hidrocarburíferas y el goteo de la coparticipación federal.
Por su parte, la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia debe conformar un nuevo tribunal de conjueces para que estudie el conflicto de los embargos a las cuentas públicas, proceso que demoraría varios días.