26 de septiembre 2008 - 00:00
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La declaración fue realizada por la vicegobernadora, Sandra Giménez, al anunciar el Foro y Jornada de Discusión Comunitaria sobre Adopción y Prostitución Infantil que, con el lema «Oberá Futuro-Primero los Niños», se realizará hoy en esa ciudad.
El lugar elegido para el encuentro no es casual. En Oberá se registra más de 20% de la población adolescente embarazada. Con este escenario, se evidencian aumentos en esa localidad en la cantidad de gestaciones no deseadas que se dan desde hace algunos años, y que están vinculadas, mediante denuncias, a la entrega de bebés en adopción en forma ilegal o a la venta de niños, un negocio del que participan abogados, médicos, parteros y hasta jueces. Incluso, según pudo constatar este diario, esta red de tráfico de personas ofrece bebés recién nacidos (o por nacer) por $ 40 mil y hasta $ 100 mil a parejas que llegan hasta allí sin saber el verdadero trasfondo de ese entramado.
Además, el actual registro de adopciones debería beneficiar a los residentes de la provincia, pero esa disposición rara vez es cumplida por los abogados que intervienen en los trámites y en la mayoría de los casos se prioriza a parejas llegadas desde distintos puntos del país. Las acciones del gobierno de Maurice Closs apuntan a terminar con el flagelo que implica la venta de bebés, donde las madres afectadas por la pobreza se ven obligadas a comerciar a sus hijos y en algunos casos, incluso, reciben abultadas cifras extra para garantizar que no darán marcha atrás con la decisión.
La iniciativa de las autoridades establece que «si es necesario» se va a «suspender» el registro, por lo que ningún juez podría autorizar adopciones hasta que no se establezcan controles más estrictos.
En este sentido, Closs anunció esta semana que el gobierno subsidiará con $ 1.000 a las mujeres embarazadas que no tengan ningún tipo de cobertura social.
Fue el martes último al clausurar la Expo-Mujer 2008, una megamuestra organizada por la administración provincial en la cual participaron más de 4.000 mujeres pertenecientes al sector público y privado.
El mandatario, que estaba acompañado por la ministra de Salud Pública de la Nación, Graciela Ocaña, explicó que el gobierno piensa invertir unos $ 10 millones por año «para ayudar a las madres en los últimos meses del embarazo».
«No escondemos los problemas y sabemos que muchas madres se ven obligadas a entregar sus bebés no bien nacen ante la imposibilidad de mantenerlos; por eso decidimos ayudar a las embarazadas sin cobertura social con un subsidio de $ 1.000 pagaderos en cuatro meses», señaló el gobernador.
Indicó que la primera cuota, de $ 200, se abonará al cumplirse el sexto mes de embarazo, otros $ 200 en el séptimo, otros $ 200 en el octavo y $ 400.




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