Misiones también impulsa amplia reforma impositiva

En rigor, en el caso misionero se trata de un amplio proyecto de reforma fiscal, que actualiza normas que datan del origen de la provincia y que el mandatario ya envió a la Legislatura. Según fuentes locales, hoy podría convertirse en ley.

De esta manera, el Ejecutivo provincial apuesta a darle más herramientas a la Dirección General de Rentas que conduce Miguel Thomas.

De obtener la venia legislativa, ese organismo -bajo la bandera de la lucha contra la morosidad fiscal- podrá ordenar la apertura de cajas de seguridad, allanar viviendas, oficinas o locales comerciales y embargar cuentas en todos los bancos o los sueldos de los morosos. Ello, sin orden judicial, aunque con el consentimiento del moroso en cuestión.

Además la intención es considerar infractor -con la sanción correspondiente- no sólo a quien no entregue factura, sino también a quien no la exija. E incluso se impulsa la pena de prisión para quienes violen clausuras.
El proyecto de ley no se apoya únicamente en la lucha contra la evasión. Según lo reseñado por « Misiones On Line», además amplía la base imponible para la aplicación de varios impuestos. Por caso, propone gravar alquileres que superen el mínimo imponible, y la compra o venta con tarjetas de crédito.

Días atrás, el gobierno bonaerense logró -no sin una fuerte polémica- la aprobación legislativa de un megapaquete de leyes antievasión, que le otorga «superpoderes» a Santiago Montoya para, sin orden judicial, ordenar la apertura de cajas de seguridad, secuestrar automóviles con valores superiores a $ 35 mil que tengan deudas de patentes y embargar bienes y cuentas bancarias de morosos.

• Recaudación

A través de esta avanzada antievasión, Montoya confía en recaudar durante este año cerca de $ 11.000 millones, para superar las marcas del año pasado ($ 8.400 millones) y de 2004 ($ 7.000 millones).

En el ámbito misionero, en declaraciones publicadas por «Misiones On Line», Thomas enmarcó la avanzada de Rovira en su decisión de equilibrar la carga tributaria, por lo que -dijo- habrá una mayor presión fiscal «para una mejor distribución de la riqueza».

«En el Impuesto al Sello, se aplican leyes viejas, que no están acordes con los tiempos modernos. Ahora se hacen operaciones electrónicas, por correo electrónico, fax o Internet, que son una forma de evadir», aseguró. En lo que respecta a las tarjetas de crédito, el funcionario de Rovira aclaró que «no se trata de que el que las use tenga que pagar un impuesto». «Serán los bancos o entidades emisoras las que tendrán que pagar por el cobro de intereses», explicó.