Moreno ahora interviene para bajar los precios en provincias

Ante la creciente inflación que se registra en el país, Cristina de Kirchner envió -por pedido expreso de dos gobernadores- al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para que intervenga ante los supermercados radicados en las provincias y obligue a una reducción en los precios. El reclamo le llegó a la Presidente principalmente desde la Patagonia, donde Mario Das Neves (Chubut) y Daniel Peralta (Santa Cruz) temen «estallidos sociales» por el constante aumento del costo de vida. En este marco, en el resto de las provincias los mandatarios intensifican estrategias contra la suba de los alimentos.
Ya la semana pasada la jefa de Estado criticó a quienes trasladan alzas salariales a los precios, y denunció a los empresarios que «tienen conductas antisociales» remarcando productos en los supermercados de Santa Cruz. «Vamos a utilizar las herramientas del Estado para castigarlos», dijo en El Calafate cuando encabezó la inauguración del Museo del Hielo.
Al igual que en la mayoría de las provincias, en la Patagonia los gobernadores aseguran no tener resto para nuevos aumentos de salarios, que inmediatamente desatan además subas de precios en las grandes cadenas de supermercados.
Precisamente ése fue el planteo que le hizo el justicialista Das Neves a la Presidente el miércoles último en Pico Truncado durante un viaje en avión. Así, acordaron hacer un «control social» a los supermercados. Esta semana se publicará una lista de 300 productos con precios «indicativos» para todos los establecimientos que operan en Chubut y Santa Cruz.
Según un relevamiento del gobierno local, las cadenas de supermercados venden los mismos artículos hasta 40% más caros en Chubut que en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires.

 Referencia

«Los precios fueron confeccionados teniendo en cuenta como referencia los anteriores al paro del campo, más los gastos que puedan tener en fletes, costos laborales, que aquí son más caros, pero que de ninguna manera justifican la diferencia de hasta 35% o 40% más caro que nos cobran aquí», dijo un estrecho colaborador de Das Neves.
La ofensiva oficial contra la escalada de precios tiene que ver con la sospecha -tanto de la Casa Rosada como de la administración chubutense- de que los índices de inflación tienen un alto componente especulativo.
La Anónima y Carrefour son las principales cadenas que operan en el sur del país. Con ellas negoció el propio Guillermo Moreno -obedeciendo órdenes de la jefa de Estado- para llegar a este acuerdo, que se prevé se extienda a toda la región. Las gerencias de ambos supermercados ya notificaron la decisión de acatar la medida a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
La baja, que ronda de 15% a 20%, y en el caso de los cortes de carne llega hasta 30%, comienza a regir hoy y tendrá una validez de 60 días con posibilidad de extender el plazo. Las empresas dispusieron retrotraer los precios de la canasta básica de alimentos a marzo del año en curso, antes del lockout dispuesto por el sector agropecuario, que disparó los valores y generó desabastecimiento.
«Estamos muy complacidos con esta decisión empresaria», señaló el gobernador Daniel Peralta, quien desde hace varios días venía reclamando a los supermercadistas «responsabilidad» a la hora de fijar precios.
Además, preocupado por el alza que se venía registrando en distintos productos, el mandatario santacruceño convocó la semana pasada al presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos y a la titular de la Liga de Amas de Casa para que junto a los representantes provinciales pusieran nuevamente en marcha la Comisión Tripartita de Seguimiento de Precios. La intención es evitar un incremento en los valores comerciales a la par del aumento salarial de 20% que percibirán los agentes provinciales.
Asimismo, desde las demás provincias se impulsan estrategias para enfrentar la voraz inflación. Por caso, un observatorio económico y social que medirá los precios de la canasta familiar y los alquileres será implementado este mes en Rosario, según anunciaron fuentes de la Universidad Nacional local y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a cargo del proyecto.
En tanto, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía local, Eduardo Aguilar, junto a inmobiliarias, panaderos y supermercados, analizaron la planificación de medidas para 2008 en cuanto a contener la inflación. La idea es conformar de una red de proveedores locales que posibilite la generación de puestos de trabajo formales y abaratar los costos a los consumidores, permitiendo al Chaco no depender de la cadena de precios que forman Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.
Igualmente, también desde los consumidores se impulsan movilizaciones contra el alza de los precios. La semana pasada en Corrientes marcharon amas de casa, trabajadores ocupados y desocupados, dirigentes de comisiones vecinales y comedores comunitarios junto al Movimiento Barrios de Pie y la Multisectorial. Fue hasta la Legislatura y Casa de Gobierno para reclamar contra el aumento de precios.
En tanto, en Jujuy representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas, que protagonizaron una marcha por calles céntricas, solicitaron a diputados provinciales que garanticen «una canasta básica con precios de hace cuatro meses», debido al desmesurado incremento en el valor de alimentos de primera necesidad.