Para provincias, nueva ley de educación es inaplicable

«Hoy por hoy, la Ley de Financiamiento Educativo es inaplicable», aseguró ayer un ministro de Economía del interior del país. En diálogo con Ambito Nacional, advirtió que «si una provincia está al borde en cuanto al crecimiento del gasto autorizado, tiene que incumplir alguna de las dos leyes».«Ninguna provincia está holgada en materia de control del gasto, por lo que hay un alto riesgo de que buena parte incumpla» la ley educativa, coincidió otro funcionario de Hacienda.
Ante este escenario, y por instrucción de sus gobernadores, los ministros de Hacienda ya pidieron formalmente participar de la discusión en torno a la reglamentación de la norma educativa, vía el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Si bien no hay aún una postura oficial, son varios distritos ya los que pretenden de Nación «un tratamiento especial» para aquellas provincias que no puedan seguir al pie de la letra la Ley de Responsabilidad Fiscal por respetar los preceptos de la norma educativa.
En paralelo, por estos días cada provincia envía una nota al Palacio de Hacienda que conduce Felisa Miceli, con sus reparos a la Ley de Financiamiento Educativo, que ordena a Nación, a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires aumentar paulatinamente la inversión en Educación entre este año y 2010, hasta llegar a 6% del PBI.
El tironeo en materia de recursos se da en el marco de un delicado escenario para el sector, ya que en cerca de medio país los gremios docentes amenazan con no empezar las clases si no se les otorga una recomposición salarial.
Pese a sus intentos de mantener la sanidad de las arcas locales -precisamente para respetar los condicionamientos de la ley fiscal-, en las últimas semanas ya varios gobernadores debieron activar nuevos aumentos salariales.
 Escalada
No es un dato menor: saben los mandatarios que estos anuncios acarrearán una nueva escalada de reclamos de mejoras de sueldos desde otros puntos del Estado. Si se suma la anualización de los incrementos otorgados en 2005, se complica seriamente el cumplimiento del control de gastos en buena parte de las provincias. En la actualidad, en promedio, la mitad de los presupuestos del interior se destina ya a salarios.
Entre las provincias donde ya se ofertó una suba salarial (que en algunos casos no conformó a los sindicatos) se encuentran Entre Ríos, Mendoza, Santiago del Estero, Buenos Aires y Santa Fe. Este último distrito es un caso especial: el gobierno de Jorge Obeid condicionó el otorgamiento del aumento al efectivo inicio del ciclo lectivo. Mientras se desarrollan intensas negociaciones con gremios, entre las provincias donde hoy pende la amenaza del no comienzo de clases se encuentran Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, San Juan, Buenos Aires y San Luis.
La flamante Ley de Financiamiento Educativo -aprobada a fines del año pasado, y cuyo principal impulsor fue el ministro del sector, Daniel Filmus- ordena a Nación, a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires aumentar en conjunto la inversión en Educación entre este año y 2010 hasta llegar a 6% del PBI.
La norma reparte en dos tajadas el financiamiento en cuestión: 60% debe provenir de las provincias, mientras que 40% restante correrá por cuenta del gobierno nacional.
Sin embargo, pese a las buenas intenciones, la norma levantó críticas y dudas en las provincias. Más allá del riesgo de ligar la inversión educativa de un país al desempeño del PBI, diversas voces criticaron tanto que la afectación de recursos no sea equitativa, como la incógnita sobre cómo las provincias reunirán los fondos para cumplir con la ley.
En este marco, se abre una duda a futuro. Según un reciente informe de la consultora Economía & Regiones, a partir de 2009 las provincias deberán reasignar partidas presupuestarias para Educación y Cultura, ya que la tendencia marca que la coparticipación federal no será suficiente para alcanzar las metas establecidas. Ya durante este año las provincias tendrán que aumentar el gasto en Educación respecto de 2005 en $ 4.058 millones.
Al respecto, los técnicos del interior explican que el monto de recursos destinado a Educación se ve indexado de una doble manera: por el crecimiento del PBI nominal en sí, y por el incremento de la tajada del PBI que las provincias deben otorgar al sector, hasta 2010.